DIPUTADOS.

Los senadores del Frente para la Victoria suscribieron un dictamen de mayoría a favor del proyecto para ampliar el número de miembros del Consejo de la Magistratura y establecer la elección directa de los consejeros propuesto por el Gobierno Nacional, al cabo de una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado.

Luego de escuchar los argumentos del ministro de Justicia, Julio Alak, y del secretario de la cartera, Julián Alvarez, se firmó el despacho que la semana que viene se sancionaría en el recinto con el apoyo de Samuel Cabanchik (Bs. As. Federal), el único opositor presente, ya que ni el radicalismo ni el FAP y el Peronismo Federal asistieron a la reunión.

El kirchnerismo en el Senado obtuvo rápido dictamen al primero de los seis proyectos que envió al Congreso para reformar la Justicia, el cual prevé cambios en el Consejo de la Magistratura. La medida establece que los consejeros sean elegidos por voto popular, aumenta la cantidad de miembros, y modifica cómo se establecen las mayorías.

El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, explicó en comisión del Senado los proyectos de reforma judicial enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso. El debate se dio sin la presencia de la oposición, que en una conferencia de prensa lanzó duras críticas a las medidas.

Alak expuso ante un plenario de comisiones de Justicia Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, quienes llegó acompañado por el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez.

Durante su defensa de los proyectos, Alak resaltó la elección popular de los consejeros de la Magistratura: "El poder judicial es del pueblo, por eso es el pueblo quien debe decidir quiénes integran el Consejo".

Asimismo, el ministro dijo que la cuestión "no es un tema de constitucionalidad, es un tema legislativo". "Es una decisión del Congreso cómo se eligen los jueces", remarcó.

Por su parte, Álvarez sostuvo que los cambios en la Justicia se basan en aplicar "el principio de participación popular, a un sistema que históricamente estuvo alejado del pueblo".

"Esta reforma va a significar resolver los problemas de los ciudadanos", dijo el funcionario, quien además calificó al sistema jurídico actual como "del Siglo XIX". Álvarez también llamó a "romper con la corporación de los abogados y los jueces".

También se firmó dictamen para la creación de nuevos Tribunales de Casación para los fueros Civil y Comercial; Contencioso Administrativo y Previsional Laboral. En tanto, los mismos funcionarios nacionales también fueron convocados para mañana con el objetivo de explicar los alcances del proyecto sobre regulación de las medidas cautelares, en un plenario de las Comisiones de Justicia y Legislación General.

Así, la idea del kirchnerismo es que los proyectos sean tratados el miércoles de la semana que viene en el recinto para darle media sanción.

La oposición se ausentó del debate, y en simultáneo con el inicio de la reunión realizó una conferencia de prensa en que los legisladores, encabezados por la UCR y el FAP, lanzaron fuertes críticas a los proyectos. El senador del FPV Marcelo Fuentes consideró que esa actitud "es funcional a la estrategia de los grupos corporativos".

"El país vive horas muy difíciles en términos institucionales. A veces las palabras suenan excesivas pero si decimos que nos estamos acercando rápidamente a regímenes totalitarios lo podemos fundar con hechos concretos", advirtió el senador radical Ernesto Sanz.

El legislador denunció que los senadores oficialista rompieron "las reglas de convivencia" en la Cámara alta y que con la reforma impulsada por el Gobierno "el poder Judicial está amenazado de ser cooptado".

A su vez, el radical Gerardo Morales denunció al apuntar contra el oficialismo: están convirtiendo la república en una monarquía y no tienen límites".

"No vamos a convalidar esta puesta en escena", advirtió a su vez el senador radical José Cano, quien confirmó que la oposición estará presente la semana próxima cuando se traten en el recinto los proyectos impulsados por el Ejecutivo.

A su vez, el legislador socialista Rubén Giustiniani consideró como "un grave error del Gobierno nacional" porque, según dijo, no permitirá que "se modifique ni una coma" de los proyectos.

En tanto, el senador por el Frente Cívico Luis Juez ratificó que insistirá en la presencia del presidente de la Corte suprema, Ricardo Lorenzetti, en el Congreso para dar su opinión sobre el proyecto.

"Hoy la República necesita no solamente de los opositores sino de todos los que nos aferramos a la constitucionalidad. Tenemos que decir qué pensamos. Ayer, la fotografía lo ubicó al titular de la Corte en el lanzamiento de estos proyectos y no sabemos si como mero invitado o convalidando estas iniciativas", enfatizó Juez.

La iniciativa establece que se amplía de 13 a 19 los miembros el Consejo, con lo cual deberán ser elegidos por la ciudadanía los tres jueces, tres abogados, y seis representantes de los ámbitos académicos o científicos, de reconocida trayectoria en algunas de las disciplinas universitarias.

En el caso de los abogados y jueces corresponderán dos a la mayoría y uno a la minoría, mientras que en el caso de los científicos serán cuatro representantes para la lista ganadora y dos para aquella que obtenga el segundo lugar.

Las elecciones de abogados, académicos, y jueces se realizarán en forma conjunta con las elecciones generales presidenciales y aplicando el sistema de elecciones primarias abiertas para definir los postulantes, y no podrán ser reelegidos sin un período de intervalo de por medio.

De todos modos se aplicará una excepción para este año porque esos comicios se realizarán junto a las elecciones de renovación parlamentaria, y durarán excepcionalmente dos años y se incorporarán sin perjuicio de la permanencia de quienes tengan mandato actualmente hasta el 2014, con lo cual puede haber excepcionalmente 25 miembros hasta el próximo año.

Además se fijarán los mismos requisitos que para ser diputados y se pone como impedimento para poder presentarse como consejero haber desempeñado cargo o función jerárquica durante la última dictadura cívico-militar, o quienes tengan conductas opuestas al respecto de las instituciones democráticas.

La composición del Consejo de la Magistratura, creada en la reforma constitucional de 1994, se completa, además de los tres abogados, seis académicos, y tres jueces, con seis legisladores, tres por Diputados y tres por el Senado, que se distribuirán dos por la mayoría y uno por la minoría, y un representante del Poder Ejecutivo.

Los consejeros serán elegidos por cuatro años y podrán ser reelectos con intervalos de un período, y determina que cesarán en sus cargos si dejan las funciones que ocupan que le permitió presentarse a los comicios.
En cuanto a la selección de jueces, una de las reformas del consejo es que por mayoría absoluta de sus miembros pueda proceder a la convocatoria a concursos previo a que ocurra una vacantes y entre quienes lo aprueben se confeccionará una lista, cuya vigencia durará tres años.

En ese plazo, en función de las vacantes que se produzcan el plenario establecerá la cantidad de ternas que deberán cubrirse con los postulantes incluidos en la nómina, por riguroso orden de merito.

Además estará habilitado a designar jueces subrogantes en los casos de licencia o suspensión del titular y en casos de vacantes para los tribunales inferiores de acuerdo a la norma legal vigente.

A lo largo del proyecto se establece que el quórum para sesionar será de diez miembros y adoptará sus decisiones por mayoría absoluta (mitad mas uno), con excepción de aquellas decisiones que requieran mayorías calificadas, como es el caso de la destitución de un magistrado.

En cuanto a las sanciones disciplinarias a los magistrados, el proyecto determina que podrían ir desde una advertencia, apercibimiento y multa de hasta un cincuenta por ciento de los haberes, y que éstas podrán ser apeladas en sede judicial ante la Corte Suprema de Justicia.