El jefe de la Policía de Entre Ríos, Héctor Massuh, concurrió a la reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, durante la cual debatió con los miembros del cuerpo y con el diputado Diego Lara los alcances del proyecto del legislador sobre la regulación de los sistemas de videocámaras de vigilancia y el uso y destino de las imágenes captadas por los mismos.
El titular de la Policía provincial, que fue acompañado por el asesor Jorge Luján, manifestó su total conformidad con el proyecto de ley de Lara y reiteró algunas referencias a estos métodos de vigilancia que ya había expresado en un encuentro que mantuvo con el legislador cuando éste presentó el proyecto, en febrero pasado.
Según Massuh es necesario avanzar en un marco regulatorio para el funcionamiento de los sistemas de videovigilancia, ya que la provincia de Entre Ríos se encuentra rezagada en la materia, sobretodo si se la compara con otras provincias como Mendoza. En ese sentido, brindó además información sobre experiencias realizadas en otras ciudades de la Argentina y en otros países, tanto de Latinoamérica como del resto del mundo.
Igualmente destacó a la eficiencia demostrada como método de seguridad ciudadana de la vigilancia por cámaras, y destacó que la Provincia trabaja en la instalación del sistema 911 que incluye la colocación de cámaras de vigilancia.
Finalmente el jefe policial reafirmó que coincide con el proyecto, ya que existe la necesidad de dar un marco a la videovigilancia pública, que tiene que estar en manos del Estado -ya que éste que tiene el monopolio en materia de políticas de seguridad- pero que también tiene que hacerse a través de una ley que proteja todos los derechos personalísimos de los ciudadanos, como son los derechos al honor, a la imagen y a la intimidad, que no pueden ser vulnerados so pretexto de cualquier sistema.
Por su parte el autor del proyecto, destacó que si bien la autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno, seguramente la tarea recaerá sobre la Policía provincial.
También recordó Lara que la ley prohíbe taxativamente la captación de sonido. “El derecho español, sobretodo el Tribunal Constitucional Español, ha venido sentando opinión doctrinaria en este sentido, y esto ha sido tomado por el resto de la legislación en el mundo. Así, dentro de estos principios que rigen la videovigilancia pública, está el principio de proporcionalidad. Cualquier captación de imágenes para que sea válida y esté habilitada en el marco de una política de seguridad, tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Es decir, tiene que haber una necesaria proporción entre lo que se persigue, la finalidad pretendida, y la eventual afectación a los derechos privativos de las personas. Y ese marco de proporcionalidad que es lo que la ley establece como principio rector, es el que indica que sería un exceso captar audio en esto sistemas, ya que la conversación de las personas entra en un fuero más íntimo sobre lo que no se puede avanzar”, señaló.
Lara también explicó a los miembros de la Comisión que ocurrirá, una vez sancionada la ley, con las localidades que ya avanzaron en la instalación de sistemas de videovigilancia. “La ley fijará un tiempo para que se adapten a la nueva legislación. Esto ocurrirá en la ciudad donde fui intendente por dos períodos, María Grande; o en otras, como Tabossi, que avanzaron en este tema. También hay localidades en las que a la manipulación de las imágenes la tienen a cargo autoridades civiles del municipio, y todos esos sistemas deberán readaptarse en un tiempo que fijará la ley”, explicó.
La Comisión -que integran Estela Almirón, María Emma Bargagna, Fabián Flores, Pablo Mendoza, Jorge Monge, Juan Navarro, Emilce Pross, Rosario Romero, Fuad Amado Sosa, Laura Stratta y Martín Uranga- volverá a reunirse el martes para analizar la eventuales correcciones que propongan los diferentes bloques; ya que la intención es producir un dictamen que cuente con el aval de la totalidad de los miembros de la misma.