El Decreto lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Justicia, Julio C. Alak y fue firmado anoche por la Presienta, quién recibió en su despacho a los integrantes de la Comisión.

La Comisión tendrá a su cargo el estudio de la reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación que considere necesaria, a fin de producir un único cuerpo normativo que concentre toda la normativa penal.

La Comisión deberá elevar al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia, un proyecto de ley de reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación en el plazo de 180 días corridos, a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser ampliado a pedido de la Comisión.

Se integrará con el señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien actuará como Presidente, los  Diputados de la Nación, doctores Ricardo Rodolfo Gil Lavedra y Federico Pinedo, María Elena Barbagelata y León Carlos Arslanián.  Los mismos desempeñarán sus cargos “ad honorem”.

En los considerandos expresa que el Código Penal ha sido objeto de múltiples reformas, lo que importó la introducción de numerosas modificaciones en el articulado tanto de su Parte General como de su Parte Especial.

Señala que más allá de toda valoración acerca del grado de acierto de las enmiendas realizadas; la coherencia originaria de las disposiciones del Código se ha visto afectada, a la vez que se ha alterado el equilibrio y la proporcionalidad que deben guardar entre sí las escalas penales de los distintos delitos.

Por otra parte –agrega-, la excesiva actividad reformadora en materia penal también ha dado lugar a la adopción de una diversidad de normas represivas especiales no integradas al Código Penal, circunstancia que implica un alejamiento del mandato expreso de codificación contenido en el inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Nacional, a la vez que obstruye la sistematicidad del régimen punitivo y, en definitiva, pone en cuestionamiento la vigencia del principio general del derecho que dispone que la ley se presume conocida.

La circunstancia señalada –agrega- se ha visto acentuada a partir de la reforma constitucional de 1994, a la luz de los modernos postulados incorporados al derecho nacional tanto en el texto de la Carta Magna como por conducto de los instrumentos internacionales de derechos humanos de máxima jerarquía, cuya interpretación en la jurisprudencia nacional e internacional ha ido conformando un conjunto de cuestiones que demandan un tratamiento integrador.

Asimismo –agrega-, los más recientes avances en el proceso de integración regional, hacen deseable que las distintas codificaciones penales observen un grado de armonización creciente en sus aspectos fundamentales, con el propósito de favorecer la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas.

Los antecedentes históricos y las circunstancias de actualidad referidas –dice-, han llevado en los últimos años a la conformación de un criterio generalizado y prácticamente unánime, en orden a la necesidad de una reformulación integral y totalizadora de la legislación penal.

Por ello, agrega,  en el año 2004 se conformó en el ámbito del Ministerio de Justicia una Comisión para la elaboración de un proyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal, integrada por prestigiosos académicos que desarrollaron una labor ininterrumpida de dos años en los cuales efectuaron intercambios con expertos, universidades, asociaciones civiles y demás organismos, culminando con su cometido en el año 2006.

Ese Ministerio –agrega- sometió a consulta pública por espacio de tres meses el anteproyecto elaborado por la Comisión, tras lo cual se efectuaron modificaciones finales al texto y se recabó una extensa nómina de las personalidades y organizaciones adherentes, pese a lo cual el propósito reformador no pudo concretarse.

A la fecha –subraya- subsiste la necesidad de emprender la labor de reforma penal integral, siendo un compromiso político asumido por el Gobierno Nacional en procura de consolidar la institucionalización, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los derechos y las garantías individuales, para la presente y las futuras generaciones de argentinos.

Por ello –agrega- se estima conveniente la creación de una Comisión que lleve a cabo el objetivo de reforma, actualización e integración de la legislación penal en un único cuerpo normativo.