El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, informó en una conferencia de prensa que la cartera a su cargo decidió anular la convocatoria al Congreso de la CGT del 12 de julio, donde estaba previsto que se desarrolle la elección de nuevas autoridades.

La decisión del Gobierno responde a una presentación de los sectores antimoyanistas, quienes argumentaron que la reunión que convocó al encuentro del 12 julio no cumplió con los requisitos exigidos por ley. 

"Actuamos como en cualquier proceso electoral donde una parte impugna el procedimiento. Analizamos los planteos y concluimos si correspondía o no la impugnación", señaló Tomada en la rueda de prensa. "Nuestra competencia surge de la ley, de la jurisprudencia y del convenio 87 de la OIT, que avala esta posición", agregó.

Tomada explicó que "en la reunión del 24 de abril pasado del consejo directivo no hubo quórum según indica el estatuto de la CGT, ya que hubo seis dirigentes que fueron reemplazados en forma irregular".

El ministerio facultó a la CGT para que pueda subsanar los errores antes del 12, algo que parece difícil en la práctica, ya que la central obrera se encuentra virtualmente fracturada entre sus distintos espacios de poder. "Que sea la propia CGT la que convoque a su consejo directivo para que se pronuncie y resuelva la implementación del proceso electoral", precisó al respecto.

En caso de que la CGT no encuentre una salida a sus conflictos internos, el Gobierno prorrogará el mandato de las actuales autoridades –con Hugo Moyano a la cabeza– hasta tanto se normalice la convocatoria a elecciones. 

El propio Moyano había adelantado que no acataría la resolución gubernamental y realizaría las elecciones del 12 de julio tal como estaban programadas, por lo que el conflicto amenaza a perpetuarse hasta tanto defina la Justicia. 

Consultado sobre esto, Tomada dijo que "no se pueden hacer suposiciones" y que "hay una serie de instancias y de tiempos que cumplir por delante".