En una resolución dictada por el juez federal ad hoc de Paraná Roberto Aníbal Lerena, el represor Luis Francisco Armocida fue separado del proceso en la causa conocida como Área Paraná, debido a sus presuntos problemas de salud. Las querellas de la agrupación HIJOS Parana y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estudian recurrir la disposición. El expolicía Armocida estaba procesado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y en mayo había sido sometido a pericias médicas por parte de los forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En base a los resultados de esos estudios, el juez decidió excluirlo por incapacidad mental sobreviniente del juicio que se desarrolla en forma escrita por aplicación del antiguo Código de Procedimiento en Materia Penal. Resolvió también dejar sin efecto la prisión preventiva domiciliaria que venía cumpliendo en su casa de Diamante y ahora podrá circular libremente por la calle.
Asimismo, Lerena dispuso la realización de una nueva evaluación médica a Armocida dentro de seis meses, la cual volverá a estar a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte, a fin de analizar la evolución o involución de su estado de salud. El pedido de suspensión del proceso había sido efectuado por primera vez en 2011 por la defensora oficial Mariela Nardi de Brouchy, en aquella ocasión sin éxito, y reiterado este año.
De esta manera, Armocida se suma a la lista de represores que vienen siendo beneficiados por el paso del tiempo, lo que hace que sus problemas de salud –propios de sus edades avanzadas– se profundicen al punto de hacerlos aparecer como inimputables y dejar impunes sus conductas criminales. En setiembre de 2010 en la causa por robo de bebés conocida como Hospital Militar, y luego en la misma Área Paraná, fue beneficiado con esta situación quien fuera el jefe de la represión ilegal en Entre Ríos, Juan Carlos Ricardo Trimarco. Este año, Ramón Genaro Díaz Bessone, quien fuera comandante del Segundo Cuerpo de Ejército con jurisdicción sobre la provincia, siguió el mismo camino por decisión del Tribunal Oral Federal de Paraná en el inicio del juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. La medida que benefició a Díaz Bessone fue recurrida en casación y no se encuentra firme.
Armocida, quien este mes cumplirá 78 años, se desempeñó como jefe de Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental Diamante de la Policía de Entre Ríos entre 1976 y 1977. Estaba procesado por ser coautor de Privaciones ilegales de la libertad y Severidades, vejaciones y apremios ilegales en perjuicio de seis víctimas.
Cuando fue sometido a declaración indagatoria, el 19 de abril de 2010, se defendió diciendo que no participó en ninguna de las masivas detenciones y allanamientos que se efectuaron el día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, porque había sido enviado al interior del Departamento Diamante a “poner intendentes” acompañando al “Mayor González”. Señaló también que ese día vio a una veintena de presos políticos, detenidos sin orden judicial y por responsabilidad del mismo González, en una galería de la Jefatura Departamental de Policía.
Ya en ese momento la defensa hizo saber de su supuesta patología psiquiátrica, neurológica, respiratoria, cardiológica hipertensiva, auditiva e intestinal; por lo que solicitó prisión domiciliaria, la que fue aceptada. El médico de la Cámara Federal de Apelaciones, Armando González, lo revisó y constató un síndrome psicoorgánico de deterioro importante que según los antecedentes llevaba varios años de evolución y que le afectaba la memoria y la atención, entre otros problemas de salud que hacían que no podía valerse por sí mismo.
