El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, junto al titular de esa cartera en Entre Ríos y presidente del Consejo Federal del Trabajo, Guillermo Smaldone, encabezaron el jueves en Buenos Aires, la apertura del XV Encuentro Nacional de Comisiones Provinciales para la Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti). "Entre Ríos es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas para terminar con el flagelo de los niños trabajadores" sentenció Tomada.

 

“No hay excusa ni argumento posible para que el trabajo infantil no desaparezca en un país como la Argentina” sostuvo Tomada en el encuentro realizado en el Ministerio de Trabajo y destacó que “Hemos dejado atrás la idea de la naturalización del trabajo infantil. Nosotros decimos ningún tipo de trabajo infantil”. Párrafo seguido, subrayó: “Queremos una Argentina donde los adultos trabajen, los niños estudien y jueguen y quienes utilicen el trabajo de los niños sean sancionados”.

 

Durante el encuentro, el funcionario nacional resaltó la labor de Entre Ríos, al decir que "es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas para terminar con el flagelo de los niños trabajadores" e hizo referencia a la profesionalización con que se está encarando la lucha contra el trabajo infantil desde la provincia, diseñando acciones y constituyendo documentos con otros organismos en el marco del diálogo social, implementando campañas de concientización y haciendo hincapié en la "no naturalización" del trabajo infantil.

 

Finalmente, y tras destacar “la firma por parte de los países del Mercosur de la Segunda Declaración Presidencial contra el trabajo infantil”, Tomada pidió que el Congreso apruebe el proyecto de ley que sanciona penalmente a quien utiliza como trabajador a un niño.

 

Agradecimiento

 

Por su parte, Smaldone agradeció el reconocimiento a su gestión. "Es un orgullo que Entre Ríos haya sido convocada por Nación para participar del XV encuentro, ya que marca una continuidad en el trabajo entre Nación y las provincias para la erradicación del trabajo infantil”, dijo y luego afirmó que “el camino es largo pero confío en que si desde las provincias acompañamos el trabajo que está haciendo Nación, podemos transformar a la Argentina en un país en el que sólo trabajen los adultos”.

 

"Hace instantes recibí un llamado de mi equipo de trabajo, para informarme sobre la detección de un niño trabajador en el departamento de Gualeguay. El menor de 14 años se encontraba desarrollando tareas de podado de árboles con motosierra" comentó Smaldone, y agregó "esto no puede seguir sucediendo. El niño no sólo que trabaja y que no concurre a ninguna escuela, sino que además la tarea que desarrolla es muy peligrosa para su edad”.

 

Más tarde, explicó que "terminar con el trabajo infantil es un tema central para el gobierno entrerriano. Estamos trabajando fuertemente para que nadie naturalice ver un chico trabajando. Si el proyecto de ley que sanciona a quien utiliza un niño para beneficio propio avanza en diputados yo me doy más que satisfecho. Creo que ya es tiempo de considerar como un delincuente a quien se beneficia del trabajo de los niños”.

 

También señaló que “el gobierno de Entre Ríos está desarrollando un Registro Único de Denuncias de Violencia y en ese marco estamos trabajando coordinadamente varios organismos, lo que nos permitirá tomar conocimiento de situaciones de trabajo infantil aún no advertidas, además de los casos de violencia laboral”.

 

“Como ministro de Trabajo de Entre Ríos asumo el compromiso de luchar en todos los frentes contra el trabajo infantil en la provincia y como presidente del Consejo Federal del Trabajo me comprometo a poner sobre la mesa de trabajo la necesidad de que se apruebe la ley de penalización del trabajo infantil”, expresó.

 

Párrafo seguido, el ministro Smaldone explicó que "por ser una problemática social compleja, se requiere la acción coordinada de múltiples actores sociales -organismos gubernamentales, organizaciones sindicales, empresarias, religiosas y de la sociedad civil- que intervengan articuladamente con una perspectiva de trabajo en red. No alcanza con sancionar o tomar medidas punitivas. Deben generarse soluciones integrales de apoyo a los niños/as y a sus grupos familiares".

 

Al respecto, acotó que "estamos diseñando acciones y constituyendo documentos con otros organismos como el Consejo del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), los Ministerios de Salud y de Educación, y con la Policía, entre otros. Este tipo de logros van más a allá de la gestión, la trascienden, porque en definitiva lo que va a quedar mañana son las instituciones. Lo más importante a la hora de combatir el trabajo infantil es dejar institucionalidades".

 

Durante la jornada, organizada por el Ministerio de Trabajo y la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti), se presentaron experiencias y se trabajaron temas como el estado de los proyectos de ley para penalizar el uso de mano de obra infantil; los avances del Plan Regional Mercosur de las comisiones provinciales y en el sistema de información, con los módulos sobre actividades de niños, niñas y adolescentes en la Encuesta Permanente de Hogares y la articulación entre esa comisión, el OTIA, el INDEC y la SENAF; y la carrera “Por una niñez sin trabajo infantil”, una articulación público-privada.

 

También estuvieron presentes en la apertura del XV Encuentro Nacional de Comisiones Provinciales para la Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti), la presidenta de la Conaeti, Pilar Rey Méndez; el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; y el director de la Oficina de la OIT en la Argentina, Marcelo Castro Fox.

 

Por su parte, Rey Méndez celebró “estar desarrollando el XV encuentro, ya que marca una continuidad en el trabajo entre Nación y Provincia para la erradicación del trabajo infantil” y afirmó que “el camino es largo pero confiamos en transformar a la Argentina en un país sin trabajo infantil”.

 

En tanto, Castro Fox destacó los avances alcanzados en estos años y felicitó por el trabajo realizado hasta el día de hoy y por los desafíos que se presentan.

 

La problemática del trabajo infantil y su prohibición

 

El trabajo infantil es una problemática social compleja que vulnera los derechos de la niñez. Los niños que trabajan sufren un desgaste físico y psíquico que deteriora sus capacidades y potencialidades; abandonan la escuela o faltan frecuentemente a clases y repiten de grado. Se entiende por trabajo infantil toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas o niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo (16 años) o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso.

 

En palabras de Smaldone, “es importante remarcar que la ley N° 26.390 sobre Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente es una norma que introdujo cambios en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, la cual no contenía ninguna referencia concreta a la prohibición y la cual estableció la prohibición al empleador que ocupa a menores de 16 años en cualquier tipo de actividad, persiga o no fines de lucro”.

 

El trabajo de menores de 16 años está prohibido desde que se promulgó, en el Bicentenario de la Patria Argentina, la ley mencionada anteriormente que prohíbe el trabajo infantil en forma explícita y taxativa. Hasta ese momento, la edad mínima había sido en primera instancia de 14 años hasta junio de 2008 y luego de 15 años hasta el 25 de mayo de 2010.

 

Debate en Diputados

 

En referencia a ello, Smaldone sentenció: “Me interesa que el Congreso pueda tratar los tres proyectos de ley que buscan penalizar la conducta de quien emplea a los niños en actividades laborales; el hecho de que se pueda condenar a los responsables de la explotación infantil constituye un paso muy importante y se ubica en sintonía con la lucha que se está impulsando a nivel nacional y provincial para erradicar la problemática de una vez por todas”.

 

La penalización del trabajo infantil es uno de los grandes temas pendientes de 2011, por eso las comisiones de Legislación Penal, Legislación del Trabajo y Familia quieren volver a aprobar los proyectos que el año pasado no lograron bajar al recinto y perdieron estado parlamentario tras el recambio legislativo. Se buscan establecer penas de prisión de uno a cuatro años para quienes practiquen la explotación laboral sobre los niños.

 

Los proyectos de ley para penalizar el trabajo infantil podrían avanzar su trámite parlamentario el próximo martes. Las comisiones de Legislación Penal, Legislación del Trabajo y Familia de la Cámara baja se reunirán ese día con el fin de firmar un dictamen unificado en base a los proyectos de Héctor Recalde (FpV), su par Diana Conti y el bloque Nuevo Encuentro.

 

El dictamen que se había firmado en aquella oportunidad propone incorporar como Capítulo VII del Código Penal los Delitos contra la integridad de los menores, indicando que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que promoviere, facilitare, aprovechare o explotare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importe un delito más grave”.

 

Además, se establece que “cuando el hecho hubiere sido ejecutado en perjuicio del niño o niña, en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, la pena de prisión se aplicará a los directores o gerentes de la sociedad, administradores, síndicos o miembros de la comisión fiscalizadora que hubieren consentido de cualquier modo que el niño o niña trabajare en provecho de aquella”.

 

Sin embargo, los proyectos aclaran que no será punible el padre, madre, tutor o guardador de la víctima que incurriere en esta conducta cuando mediaren circunstancias de una economía familiar de subsistencia.

 

La pena de prisión será de tres a seis años cuando las víctimas fueran tres o más; cuando el hecho fuere cometido con el concurso de tres o más personas en forma organizada; o cuando el hecho fuere cometido por un funcionario público, en cuyo caso sufrirá además la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

 

Otro de los agravantes propuestos tiene que ver con establecer una pena de cuatro a ocho años cuando “la utilización de la prestación laboral del niño o niña se efectuare en actividades riesgosas, inseguras o peligrosas, conforme la calificación que sobre las mismas determinen las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo”.

 

El plenario de comisiones del próximo martes tendrá lugar a las 14.30 en la sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados.