La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados retomará hoy el debate de los proyectos que modifican la Ley de Trata de Personas, entre los que se destaca el que deja de contemplar el consentimiento de la víctima, si es mayor de edad, como atenuante de la responsabilidad del acusado.
En total son ocho los proyectos que estarán en consideración y la mayoría de ellos establecen variantes a la Ley Nº 26.364, sancionada en el 2008, que tipifica el delito y lo coloca en jurisdicción de los Tribunales federales.
La iniciativa amplía también la protección de las víctimas y erradica como atenuante de la responsabilidad de los acusados el supuesto consentimiento de la víctima. Además del punto que contempla el no atenuante de las penas por un supuesto consentimiento, el texto que se aprobó en el Senado le da una definición a este tipo de delito.
Precisa que la trata de personas es “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”.
Prevé, además castigos cuando se reduzca o mantenga a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, se obligue a una persona a realizar trabajos o servicios forzados y se promueva la prostitución ajena o la prostitución infantil.
En el texto, las penas para los imputados de proxenetismo contemplan un castigo de dos a cuatro años de prisión, pero en el caso de que las víctimas queden embarazadas o sean menores de edad el castigo va de cinco a 15 años. La iniciativa dispone también crear organismos y volcar recursos para la asistencia y la reparación del daño a las víctimas de este delito.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados buscará emitir dictamen hoy de un proyecto que penaliza el trabajo infantil y que el año pasado quedó en las puertas del recinto y no pudo ser debatido en la última sesión del 2011.
Los diputados buscarán firmar despacho de la iniciativa, que modifica parte del Código Penal en la sección referida a “delitos contra la integridad de los menores” y que ya había sido consensuada en 2011 entre todos los bloques.
El proyecto establece, entre otras cuestiones, que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años” el que promueva, facilite o explote económicamente el trabajo de un niño en violación de las normas que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importe un delito más grave”.