Se conoció ayer el Decreto Nº 1.125 de la Municipalidad de Paraná que determinó la cesantía del agente municipal José Luis Goró, que luego motivó una queja de algunos sindicalistas de la Dirección de Conservación Vial, en donde Goró revistaba.
La protesta, promovida por dirigentes que integraban la conducción del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) antes de que el Ministerio de Trabajo de la Nación dispusiera su intervención, afectó incluso la recolección de residuos en esa jornada.
Según surge del decreto firmado por la intendenta, Blanca Osuna, las actuaciones se iniciaron el 30 de diciembre de 2011, cuando Eduardo Ali Dib denunció en la comisaría sexta de Paraná que en esa repartición municipal, donde trabajaba como contratado de servicio, Goró le retenía el valor de 30 horas extras.
De acuerdo a la denuncia, esas horas extras nunca habían sido trabajadas, sino que les eran atribuidas administrativamente a los trabajadores, quienes después debían entregar el monto percibido por ellas para colaborar con el financiamiento de la campaña para la reelección del intendente José Carlos Halle, se narra en los considerando del decreto.
El denunciante dijo que a su padre, Rodoldo Ali Dib, le pasaba lo mismo. Y que la misma situación también afectaba a los hijos de todos los trabajadores de planta que estaban contratados allí.
Finalmente indicó que la situación en la que se les exigía la entrega de ese monto se inició nueve meses antes de las elecciones de octubre, y que siguió luego de realizados los comicios, siendo esto lo que lo motivó a hacer la denuncia en sede policial, que luego fue derivada al Juzgado de Instrucción Nº 8, a cargo de Elisa Zilli.
Sobre la base de esa denuncia, la intendenta Osuna dictó el 2 de enero el decreto que dispuso un sumario administrativo a Goró, además de suspenderlo sin goce de haberes.
Durante este proceso se sumaron las declaraciones de los agentes Gustavo Servin y Jorge Caraballo, quienes ratificaron los dichos del denunciante inicial .
Tras corroborar la declaración de los agentes con las planillas de liquidación de gastos, se señala que Goró “tenía un cabal conocimiento de cuánto y cómo se cobraban las horas extras, ya que él mismo entregaba los recibos, lo cual le permitía tener una precisa información al respecto”.
Luego se señala que, analizadas todas las pruebas recabadas, “las imputaciones al agente Goró han adquirido una verosimilitud tal que permite atribuirle responsabilidad”, indicando luego que ante las pruebas incriminatorias “el agente Goró no acompaña elementos probatorios que atemperen o desvirtúen las mismas”.
Osuna opinó que el conflicto que se originó en esa repartición “no tiene que ver con una defensa gremial, sino con una acción corporativa de quienes usufructuaron de su condición de dirigentes gremiales para ejercer coacción a los trabajadores. Son estos personajes que, en el marco de una cadena de favores, se quedaban con parte del dinero que debía ir al bolsillo de los trabajadores. Estas son las prácticas que no permitiremos y en donde nosotros estamos firmes y asumimos una condena clara, sin titubeos”, argumentó.
Respecto de las medidas de protesta, la intendenta añadió: “No están amparadas en ninguna decisión sindical, y eso es lo estamos esclareciendo a los trabajadores. Sí vamos a considerar cualquier situación injusta que pueda afectar a los empleados porque para eso estamos, pero de ningún modo vamos a asociarnos a confusiones que lo que buscan es apañar prácticas deshonestas que acá fueron moneda corriente