Mediante la Resolución Nº 2923 del CGE, que tiene fecha del 3 de septiembre, se dispuso “que a los docentes adheridos a la medida de fuerza dispuesta por las asociaciones gremiales, se les abone el haber a liquidar remunerándose los días efectivamente trabajados”, esto

También establece “que la comunicación de los docentes que no concurran a dictar clases, se regirá conforme lo establece la Resolución Nº 2565 C.G.E. de fecha 03 de julio de 2008”. Ésta establece la implementación de un “Manual de Funciones para informar novedades de los establecimientos educativos”, por lo cual los directivos deben comunicar a las autoridades de Educación qué docentes se adhirieron a las medidas de fuerza.

En los considerandos se remarca que “el acceso a la Educación es un derecho reconocido a todos los habitantes de la Nación”. Si bien se aclara que “no se desconoce el derecho de huelga”, se destaca que “es un deber irrenunciable del Gobierno Provincial que las tratativas salariales o aquellas referidas a las condiciones económicas de la prestación laboral, reconocen un marco legal de consenso previsto por la Ley Nº 9.624 y normas presupuestarias vigentes”.

También se señala que “la remuneración consiste en la contraprestación de un servicio laboral” y que “de verificarse la no prestación del mismo corresponde no abonar remuneraciones por el tiempo en que los servicios han dejado de prestarse y en proporción al tiempo de la retención efectuada”.

Asimismo, se subraya que se debe respetar “el principio constitucional de igualdad ante la Ley” en relación “a los docentes que cumplen con el débito laboral”,

Luego detalla que “el Decreto Nº 4.940 GOB de fecha 21 de agosto de 2008, en su Artículo 4º ratifica la Directiva Nº 30 del Poder Ejecutivo de fecha 25 de junio de 2.007, aplicable a la Administración Pública Provincial, Organismos Descentralizados y Autárquicos establece un sistema de comunicaciones a cargo de la autoridad administrativa, a efectos de hacer cumplir el principio que se debe remunerar por prestaciones laborales efectivamente realizadas”.

Señala por último la disidencia manifestada por la Vocal gremial del CGE respecto a lo dispuesto por esta Resolución.

La norma lleva la firma de la presidenta del CGE, Graciela Bar, y los vocales políticos Blanca Rossi, Héctor de la Fuente y Claudia Vallori.