La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó tres allanamientos por orden de la Justicia, en donde secuestraron más de 300.000 piezas de celulares falsificados, valuados en 2 millones de dólares. Los procedimientos se efectuaron en Córdoba y se incautaron además documentos y elementos que probarían el accionar de la banda delictiva.

Las firmas afectadas por el fraude marcario son Alcatel, Blackberry, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony y Ericsson. Cabe destacar que la falsificación y la piratería afecta al Estado, ya que se evade el pago de tributos. Al mismo tiempo, perjudica también a los titulares de los derechos intelectuales, genera competencia desleal y, finalmente, damnifica a los consumidores que son engañados.

Las primeras sospechas del fraude en estos celulares surgieron en el marco de las tareas sistémicas de análisis de riesgo anteriores a la primera línea de control. Ahí se detectaron operaciones que resultaban sospechosas e inconsistentes en el cruzamiento de datos impositivos, aduaneros y de la seguridad social, que dispararon alerta temprana permitiendo a los inspectores aduaneros detectar anomalías.

Al momento de procederse a la exhaustiva verificación, los verificadores de la Aduana pudieron constatar que la mercadería, de origen China, estaba declarada a precios notablemente inferiores a los de mercado y traía oculta bajo presuntos films autoadhesivos de protección la falsa marca inserta en los productos.

Esta filmina de plástico transparente tenía como objeto burlar el control aduanero e ingresar a plaza productos falsos que serían comercializados como productos originales, engañando al público consumidor argentino, afectando asimismo la industria y mano de obra nacional toda vez que numerosas de las partes secuestradas se fabrican en territorio argentino.

Descubierta la operatoria, se efectuó la denuncia en el Juzgado Federal Nº 1 de la Ciudad de Córdoba, Secretaría Penal a cargo de Gerardo Machado, quien ordenó el allanamiento a un depósito y a oficinas del importador y su despachante de aduana. Durante esos procedimientos se secuestraron las 300.000 piezas.

La Argentina, líder en la lucha contra el fraude marcario
Cabe recordar que nuestro país fue condecorado el año pasado con el "Trofeo Yolanda Benítez", organizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), en reconocimiento al compromiso en el combate de la falsificación y la piratería.

El reconocimiento fue producto de profundizar una de las principales directivas del administrador federal, Ricardo Echegaray, en avanzar en el fortalecimiento de las tareas de control a la primera línea de acceso de las mercaderías al territorio nacional.

Un delito que afecta a todos
En su lucha contra el flagelo de la falsificación, en el año 2005, la República Argentina procedió al dictado de la ley 25.986 y su modificatoria ley 26.458, que dispone la prohibición de importar o exportar cualquier tipo de mercaderías con marca de fábrica o de comercio falsificada o de copia pirata. Luego, la AFIP dictó las normas complementarias tendientes a su íntegra y completa regulación.

La protección que pretende la ley no está solamente dirigida a los titulares de la propiedad intelectual, abarca también los llamados efectos colaterales de la conexión de este hecho que importa la afectación de valores como: la competencia, porque los costos que ahorra el pirata al colocar sus productos en posición de ventaja frente a los legítimos; la salud y la vida de las personas, porque la falsificación no garantiza calidad del producto, sólo le interesa la ganancia; y la renta fiscal, porque la piratería y la falsificación están asociadas a la evasión de tributos y a la comisión de otros delitos, como contrabando, fraude procesal y el lavado de activos.