José Sbatella dijo que la medida, habilitada a partir de la sanción de la ley antiterrorista, ya fue aplicada en el caso del ex capitán de navío y jefe de la ESMA durante un período, Jorge Vildoza, prófugo desde 1983, cuando comenzó a ser investigado por la apropiación de un menor, que luego fue identificado como Javier Gonzalo Penino Viñas, hijo de Cecilia Viñas y de Héctor Penino, secuestrados el 13 de julio de 1977.
La esposa de Vildoza, Ana María Grimaldos fue detenida en junio de este año, tras 25 años de estar prófuga, y actualmente está acusada por el delito de supresión de identidad de Penino Viñas.
“El caso abarcó las actividades económicas de una empresa que era propiedad de la familia de Vildoza. Con la atribución que tenemos de congelar los bienes, nosotros aplicamos eso. Luego queda luego a referéndum de los jueces", explicó Sbatella en diálogo con CN23.
Precisó que en el caso de Vildoza "el juez (Norberto) Oyarbide al mes del congelamiento convalidó esto y dio todos los fundamentos para encuadrarlo en las leyes de terrorismo y financiación del terrorismo”.
Sbatella señaló que la legislación habilita a congelar los bienes en forma administrativa de aquellas personas que estén caracterizadas o encuadradas en el esquema de financiamiento del terrorismo.
“Esa situación es distinta al delito de terrorismo. En el caso de los prófugos, que habría alrededor de 44 identificados con pedido de captura, incluso con recompensa, por los tiempos que están viviendo hay una estructura económica que los sostiene, de hecho eso se comprobó en el caso Vildoza”, indicó.
El titular de la UIF dijo que de “los otros 44 prófugos, a través de las relaciones económicas a las que tenemos acceso por los sujetos obligados (como las entidades bancarias), encontramos que tenían actividades empresariales, tarjetas de crédito y en algunos casos, extensiones y jubilaciones”.
Sbatella aseguró que los descubrimientos de cuentas y bienes “habilitó a aplicar otro delito que es el de financiación del terrorismo, para aquellos que tengan una estructura económica de personas u organismos que los estén financiando”.
Además, el funcionario dijo que el bloqueo de bienes se mantiene mientras se mantengan prófugos.
“La filosofía de esto es paralizar los movimientos del terrorista y las organizaciones que están detrás. Se inicia un proceso judicial en el que los indicios y pruebas deben ser presentados. En el caso que sean validados por la Justicia el proceso termina con el decomiso de los bienes de aquellos que están financiando a los terroristas”, puntualizó.
Sbatella aseguró que “dentro de la ESMA existió una unidad específica de los genocidas que se dedicaba a administrar los bienes extraídos a los secuestrados. Ese dinero y esas empresas forman parte de alrededor de 600 causas, que son los ingresos que estos sectores han generado y que los manipulan a nivel nacional e internacional”.
Por último, el funcionario dijo que el organismo sigue el camino de los bienes que se encuentran tanto en la Argentina, como en el extranjero.
