El intendente de Gualeguay, Luis Erro, explicó que los empresarios de la planta Quimiguay, ubicada en ruta provincial 11, en el kilómetro 213, realizaron un pedido formal para desmantelar la fábrica. El plazo con que cuenta la empresa para desmantelar el edificio es de 30 días y comenzó a correr desde el 25 de octubre pasado, conforme dictamen del área técnica de la dirección de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Además, el jefe comunal expresó que se encuentran “tranquilos porque cumplimos todos los requisitos legales y además la planta no estaba funcionando dentro de los parámetros permitidos (la fábrica superaba los niveles permitidos por la ley para la emanación de los gases xilueno y tolueno)”. Por Resolución Nº 310 del 24 de octubre de 2012 la Municipalidad de Gualeguay resolvió autorizar al departamento de Medio Ambiente comunal a remover las fajas de clausura del establecimiento Quimiguay SA. para que la empresa cierre los freatímetros, retire los residuos almacenados en la planta; de todo otro remanente de hidrocarburos y del equipamiento de la planta, además de la limpieza de piletas.

Erro recordó que la fábrica “fue clausurada en septiembre de 2011 en forma precaria. Se les otorgó un plazo para continuar y realizar nuevos análisis que descarten la contaminación que su funcionamiento provocaba”.

En esa línea, remarcó que realizaron “estudios en forma privada y los mismos dieron que no se encontraba trabajando dentro de la normativa vigente, por lo que se procedió a la clausura, en ese entonces total”.

Además, en el documento mencionado se estipula que “se labrará un acta respectiva en la que se dejará debida constancia del estado en que se encuentra el lugar, existencias y demás antecedentes que resulten necesarios”. Asimismo, figura que se ordena “la realización de inspecciones periódicas de las tareas de retiro y remoción ordenadas; debiendo informarse a tal efecto por el área respectiva”.

Cabe mencionar que la planta funcionaba en Gualeguay desde 2001. La lucha de los vecinos en contra de su funcionamiento en la localidad, por el perjuicio en la calidad de vida que ello implicaba, comenzó en 2005