Tras nueve años de investigación en la Justicia federal, la Cámara de Apelaciones resolvió confirmar el procesamiento de 19 personas acusadas de conformar una aduana paralela en Concordia y desviar mercaderías por 3 millones de dólares.
Se ordenó al juez federal de Concepción del Uruguay cerrar la causa y enviar el expediente para que se sustancie el juicio ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná.
A mediados de 2003 la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco) denunció a dos empresas argentinas, a funcionarios aduaneros y a transportistas, los cuales serían responsables de maniobras de contrabando, que significaron un perjuicio al Estado nacional por unos 3 millones de dólares. Agentes de Transporte y empleados de la Aduana de Concordia fueron procesados por la denominada causa Aduana Paralela.
En el arranque de la investigación se hizo saber que la Dirección General de Aduanas había desbaratado un complejo sistema de contrabando que permitía el ingreso al país de mercaderías declaradas como en tránsito, entre Uruguay y Chile, que incluyó diferencias en las declaraciones por unos 3 millones de dólares.
Se confirmó que una de las principales involucradas era la exfirma de indumentaria Chemea, investigada junto a los transportistas y Agentes de Transporte que facilitaron las maniobras que determinaron el ingreso al país de cargamentos con destino a Iquique (Chile), a través de la aduana de Concordia. El arranque de la investigación determinó en uno de los camiones un valor declarado de 22.600 dólares, muy inferior a los más de 370.000 que se transportaban realmente, sospechando que el propósito era descargar el excedente no declarado en Argentina, para ingresar al mercado local todo tipo de artículos de electrónica, bazar, ferretería e informática.
Desde ese entonces la causa avanzó, pero por distintas medidas y reclamos de los acusados se llegó hasta la Cámara de Apelaciones que decidió confirmar los procesamientos de los acusados y ordenar el inicio del juicio.
En la resolución que tiene fecha del 28 de noviembre los camaristas Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso resolvieron distintos planteos formulados. De esta manera, fueron finalmente procesados: Eduardo Mella, Federico Hanson Rosende, Eduardo Burgos, Jorge Barrera, Juan Montoreano, Eduardo Cristina, Virginia Silvano, Juan Covarrubias Jara, Alfredo Pariente, Roberto Tapia Guzmán, Carlos Maulén Delgado, Fernando Olivas Ortega, Marco Cedra, Rogelio Cabonell Araya, Ricardo Gómez Guerra , Manuel Muños Quirós, Robert Trombotti Fernández, Jorge Dufau y Guillermo Iacobell.
En la audiencia el fiscal general Ricardo Álvarez entendió que estaba acreditada en esta instancia la existencia de una maniobra ilícita que requería la participación de varias personas que desviaron mercaderías. Un punto que consideró relevante es que la carga podría haber pasado por otro paso fronterizo, pero lo hizo por el más largo.
Se entiende que el juicio oral y público en Paraná se llevará como mínimo en 2013.
Según publica diario Uno, lo que deberá entenderse es que los controles en la costa del Uruguay son francamente precarios, por lo que llama la atención cómo algunas autoridades políticas reclaman “alivianar” las supervisiones de los organismos competentes en las aduanas. De esta manera, la Justicia está poniendo en la mira que los responsables de los controles tampoco son tan confiables.
Hace pocas semanas funcionarios de Prefectura Concordia denunciaron a un par de autoridades de esa repartición por ingresar de modo ilegal a través de las embarcaciones de la fuerza varios equipos acondicionadores de aire y bidones con combustible provenientes de la República Oriental del Uruguay.
Varias faltas de mérito
En el pronunciamiento del tribunal, además de confirmar los 19 procesamientos, se dispuso dictar la figura de falta de mérito a siete personas que siguen ligadas con la causa y para lo cual el juez federal de Concepción del Uruguay deberá disponer más medidas para resolver su situación definitiva habida cuenta del paso del tiempo.
Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones rechazó los planteos de prescripción solicitados por algunos de los abogados defensores.
