El 14 de junio último y en el marco del 30 aniversario del conflicto bélico con Gran Bretaña de 1982, Argentina renovó su reclamo de soberanía sobre las Islas ante el Comité de Descolonización de la ONU, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En una histórica sesión, el Comité de Descolonización aprobó una nueva resolución para que ambas partes reanuden el diálogo por las islas.

Al exponer ante el Comité, Cristina indicó que la solución al conflicto de Malvinas es "un desafío" a "todos los países", y llamó a "dejar atrás esta historia de colonialismo anacrónico y construir una nueva historia en base al diálogo".

La Presidenta, en el transcurso de su discurso, develó el contenido de documentos secretos de Cancillería donde se da cuenta que el Reino Unido reconoce un litigio por la soberanía de Malvinas.

Se trata de documentos del año 1974 -durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón-, en los cuales el Reino Unido propuso la creación de un condominio en Malvinas.

Desde el año 1965 la ONU ha decretado que la situación por la que, a partir de 1833, atraviesan las Islas Malvinas, Sándwich del Sur, Georgías del Sur y los espacios marítimos circundantes es un caso especial de colonialismo que debe ser resuelto en negociaciones entre el Reino Unido y la República Argentina.

Son 39 las resoluciones de la ONU instando a los gobiernos de ambos países a retomar el diálogo por la soberanía de las Islas, la primera de estas resoluciones se dio bajo el gobierno del radical Arturo Illia.

El reclamo argentino tuvo la solidaridad de organismo multilaterales, en particular, en los principales foros de la región como la CELAC, UNASUR y Mercosur que rechazaron las distintas medidas unilaterales tomadas por el Reino Unido, en materia de explotación petrolera, pesca y la militarización del Atlántico Sur.

El 3 de enero de 1833 las Islas Malvinas fueron ocupadas por primera vez por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos de la potencia ocupante.

Las Islas Malvinas formaron parte del área bajo jurisdicción de España desde la entrada en vigor de los primeros instrumentos internacionales que delimitaron el "Nuevo Mundo" poco después del descubrimiento de 1492, explica la Cancillería en los antecedentes históricos de la "Cuestión Malvinas".

Descubiertas 1520, por integrantes de la expedición de Hernando de Magallanes, las Islas Malvinas fueron registradas en la cartografía europea con diversos nombres y quedaron dentro de los espacios bajo control efectivo de las autoridades españolas.

"Toda la región austral de América, con sus costas, mares e islas, quedó indiscutiblemente preservada bajo la soberanía española a través de los diversos tratados suscriptos en este período, como el Tratado "Americano" de 1670, entre España e Inglaterra", recordó Cancillería.

No obstante, hacia mediados del siglo XVIII, las Malvinas comenzaron a ser objeto del interés de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a contar con un establecimiento estratégicamente ubicado frente al estrecho de Magallanes.

En 1749, España se enteró de un proyecto británico para establecerse en las Islas y protestó firmemente ante el gobierno del Reino Unido, que desistió de llevarlo a cabo.

En tanto, cuando en 1764 Francia formó "Port Louis" en la Isla Soledad, España se opuso y obtuvo el reconocimiento francés de su derecho a las islas y en 1767 las autoridades francesas entregaron el establecimiento a los españoles y desde entonces hubo en las Malvinas un gobernador español residente en ellas, dependiente de Buenos Aires.

Tras otro fallido intento de usurpación por parte de Inglaterra, en 1790, con la firma del tratado de San Lorenzo, Gran Bretaña se comprometió a no formar ningún establecimiento en las costas tanto orientales como occidentales de América Meridional ni en las islas adyacentes ya ocupadas por España.

La sucesión de gobernadores españoles en las Islas Malvinas, que llegaron a 32, fue continua hasta 1811, en que la guarnición de Puerto Soledad fue requerida desde Montevideo para la defensa de la monarquía con motivo de la recién desatada Guerra de la Independencia.

En el marco de este conflicto, los primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas tuvieron en cuenta en diversos actos administrativos a las Malvinas, a las que consideraron parte integrante de su territorio, heredado de España por sucesión de Estados según el uti possidetis juris de 1810.

Durante la década de 1820, los gobiernos argentinos realizaron diversos actos demostrativos de su soberanía sobre las Islas Malvinas, incluyendo la designación de gobernadores, la legislación sobre recursos pesqueros y el otorgamiento de concesiones territoriales.

El 10 de junio de 1829 el gobierno argentino promulgó un decreto creando la Comandancia Política y Militar de las Malvinas.

En noviembre de 1829 el Reino Unido protestó dicho decreto, en el marco de un renacimiento de su interés estratégico en el Atlántico Sur.

A fines de 1831 un buque de guerra de los Estados Unidos arrasó Puerto Soledad en represalia por la captura de buques loberos de esa nacionalidad que habían sido hallados en infracción a la legislación de pesca por las autoridades argentinas.

Cuando el orden en Puerto Soledad había sido restaurado, se presentó una corbeta de la Marina Real británica que amenazó con el uso de fuerza superior y exigió la rendición y entrega de la plaza.

Tras la expulsión de las autoridades argentinas, el comandante de la nave británica dejó a uno de los pobladores de Puerto Soledad a cargo del pabellón y zarpó de regreso a su base.

El 16 de enero de 1833, al llegar a Buenos Aires las primeras noticias de lo ocurrido en las Islas Malvinas, el gobierno argentino pidió explicaciones al Encargado de Negocios británico y a partir de allí, las presentaciones argentinas tropezaron con respuestas negativas de parte del gobierno del Reino Unido.