Personal de Comisaría Puerto Yerúa, debió dar cumplimiento a un oficio judicial que disponía una medida cautelar, como consecuencia de una denuncia en sede Tribunalicia por parte de una mujer de 45 años, por violencia de género. La disposición judicial disponía que el ex marido de la denunciante, debía estar alejado por el término de 180 días del domicilio conyugal.
Fuentes policiales informaron que en horas de la tarde noche de este jueves, el sujeto de 49 años, no respetando lo dispuesto por la justicia, se presentó en el domicilio conyugal, donde amenazó con prender fuego el inmueble con sus ocupantes adentro, independientemente de tratar de golpearlos.
El rápido aviso a la dependencia policial, logró que no sucediera una tragedia, puesto que el accionar de los uniformados facilitó la ubicación y aprehensión del hombre, que más allá de transgredir normas legales dispuestas en tribunales al acercase a la finca, tenía la firme intención de agredir nuevamente a su pareja e inclusive a sus hijos, al demostrar no sólo una inusitada agresividad hacia su familia, sino también a la autoridad policial interviniente, quienes debieron emplear la fuerza física para reducirlo, porque estaba fuera de juicio.
El sujeto fue trasladado hacia sede de la Jefatura Departamental de Concordia, donde el Fiscal en Turno dispuso su inmediato traslado a la alcaidía en calidad de arrestado por el Delito de Desobediencia Judicial.
Personal policial del Comando Radioeléctrico de Concordia que realizaba recorridas prevencionales en la intersección de calles Montevideo y Entre Ríos, de esa localidad, observó cuando una mujer manipulaba un arma larga, la cual pretendía entregar al hombre que estaba a su lado.
La situación totalmente anormal e irregular, puso en alerta a los uniformados, quienes identificaron a la pareja, resultando ser Julia y Maximiliano, a quienes se les solicitó la pertinente documentación que acredite la propiedad, más allá de esgrimir las razones por las cuales exponían públicamente el armamento, que se trataba de una carabina calibre 22 milímetros.
Según lo indicaron fuentes policiales, las razones no fueron suficientes, ni mucho menos convincentes, en primer lugar por el lugar donde estaba siendo manipulada y segundo y principal porque no poseían la documentación reglamentaria que establece la Ley Nacional de Armas y Explósivos. Tras lo cual se procedió al secuestro de la misma, bajo las formalidades de ley, la cual no tenía numeración visible con un cargador para almacenar diez proyectiles, teniendo un cartucho sin percutar, acorde a lo dispuesto por el fiscal interviniente, con la finalidad de ser peritada por el personal idóneo de criminalística para dilucidar su estado de funcionamiento y descifrar su número de serie.
