Setiembre será un mes decisivo para la suerte de la provisión del gas natural en la provincia, con excepción de Paraná. El 19 está prevista la apertura del concurso de Gas Nea, quien provee de este combustible a no menos de 23 ciudades entrerrianas (no a la capital), y que en abril llamó a concurso argumentando que el retraso tarifario de una década la llevó a la cesación de pagos. La empresa presidida por Mónica Gay (asumió en junio) hizo durante las últimas semanas ofertas de pago a una veintena de municipios entrerrianos que son sus acreedores, fundamentalmente por tasas impagas. A la Municipalidad de Rosario del Tala, por ejemplo, le adeudaban 110.000 pesos y la oferta de pago fue de 65.000 a hacer efectivo en los próximos meses. Desde el gobierno provincial se entiende que es intención de Gas Nea llegar a esa fecha con acuerdos con la mayoría de los acreedores. Al fin de cuentas, la deuda con los municipios entrerrianos no superaría por mucho los tres millones de pesos. La deuda grande, en cambio, es con Nación Fideicomisos y con el banco de Galicia. Con el primero, porque aparentemente Gas Nea cobraba los cargos para obras y que no los giraba a Nación Fideicomisos. Según surge del expediente iniciado en el Juzgado Comercial N° 4 de Capital Federal, la empresa denunció deudas por entre 380 y 400 millones de pesos, pero luego se verificaron 140 millones, por lo que no se descarta que haya también -en este trámite- algún intento de negocio financiero. Para los acreedores más importantes, Gas Nea hizo una oferta de pago a tres años, sin intereses y con una quita del 50% de lo adeudado. Esto generó dos hipótesis. La primera es que esta instancia judicial no cambiará el destino de la empresa, sino que a lo sumo le dará más tiempo de funcionamiento. La segunda es que los propietarios de Gas Nea quieren lograr este acuerdo antes de las elecciones para que después, cuando se produzca el “sinceramiento tarifario” tengan tres años de ganancias importantes. De todos modos, este breve introducción no refleja lo que realmente le interesa a la Provincia, que no son esos 3 o 4 millones de pesos adeudados a los municipios, que resultan casi incobrables por el escaso patrimonio de Gas Nea, según le explicó la semana pasada a los intendentes el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes; sino lo que va a pasar con el suministro de gas y la intención del gobierno de extenderlo fundamentalmente a las áreas industriales. La semana pasada varios intendentes vinieron a Paraná pensando que las iban a informar que la Provincia se planteaba seguir el camino de lo ocurrido con Metrogas, que es la empresa que brinda el servicio a 2,2 millones de usuarios en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. El camino, en ese caso, fue la compra de las acciones a la empresa británica British Gas por parte de YPF. Pero, en el caso de Entre Ríos, el camino es otro. “Hacernos cargo de la empresa, del paquete accionario, en estas condiciones es totalmente desaconsejable y no se me pasaría por mi mente que el gobernador autorice, o me autorice a llegar a un acuerdo en ese sentido porque lo que estaría asumiendo el Estado, al ser una empresa concursada, sería solo deuda”, explicó ayer Rodríguez Signes. “Eso para nosotros no tiene viabilidad. Distinto sería si alguien se hace cargo de la deuda, y se nos transfiere el paquete accionario en forma limpia, sin endeudamientos. Si no, de ninguna manera es conveniente para la Provincia”, agregó taxativamente el funcionario. Por el contrario, lo que desde la Provincia le plantearon a la conducción del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) es hacerse cargo del servicio a través de la distribuidora estatal Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa) y de la Compañía Entrerriana de Gas. “Podemos hacerlo a través de nuestra Compañía Entrerriana de Gas, que es la titular del gasoducto, y de las estructuras comerciales que tenemos en Entre Ríos. Nosotros tenemos Enersa, que tiene capacidad comercial y está autorizada según su estatuto para ingresar a la prestación de servicio y llevar adelante la distribución de gas… Y tenemos técnicos, y administrativos, y oficinas comerciales para la provincia para atender mucho mejor que Gas Nea”, agregó Rodríguez Signes. Si Gas Nea logra reestructurar su deuda, y después viene una readecuación tarifaria, podría seguir funcionando como hasta ahora. Son posibilidades, no certezas, y eso es lo que enciende luces amarillas en el tablero del gobierno. Y también motiva la incertidumbre de algunos empresarios. Si no funciona, la propuesta de la provincia está lista. “Es una cuestión fundamental porque se trata de la provisión de gas natural a los usuarios que ya están conectados al servicio; se trata del tema de la seguridad, se trata del tema industrial, de la provisión de gas a los parques industriales, que tanto énfasis le está poniendo el gobierno provincial, así que para nosotros es saber cuál va a ser el futuro de esto”, concluyó el fiscal Estado. Un concesionario que no invierte “Cuando se privatizó Gas del Estado, el país se dividió en zonas”, recordó Rodríguez Signes al explicar que Entre Ríos integra la misma zona de desarrollo gasífero que Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, provincias donde el desarrollo de las redes de abastecimiento es casi una quimera. Esa misma norma separó las tareas. “La generación va por un lado, el transporte va por el otro, y la distribución es el último eslabón de la cadena”. Ese eslabón es el que le tocó a Gas Nea en la Zona IX. La única de la zona con desarrollo gasífero es Entre Ríos, en función del esfuerzo que hizo la provincia para construir gasoductos primero y redes después. Entre Ríos hizo con recursos propios el cruce del río Paraná, luego se hizo con parte del dinero de la privatización de la Empresa Provincial de Energía (EPEER), se comenzó el gasoducto, y después con fondos de la Secretaría de Energía invirtió durante más de una década en la construcción de las redes. “El concesionario no ha puesto un centavo en este aspecto. Igualmente, a pesar de que lo único que tenían que hacer era distribuir, mantener los gasoductos de aproximación porque los troncales son de transporte y los tiene otra empresa, que es Transportadora de Gas del Norte- no ha hecho un buena administración”, explicó el fiscal de Estado. Si bien Rodríguez Signes entiende que “el tema de la tarifa (retrasada) impacta”, cree: “La de Gas Nea es una situación muy particular, porque a mi juicio tiene una estructura administrativa insostenible”. La Provincia es propietaria del 17% de las acciones de Gas Nea. “Inicialmente la empresa era de capitales franceses, que después se fueron transfiriendo, y hoy está bastante mezclada la propiedad de las acciones. Hay grupos ligados del sindicato de Luz y Fuerza, ...en fin, es bastante compleja la distribución de acciones”,