La ley nacional es amplia, y con pocos condicionantes: dice que los hospitales públicos, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deben brindar a sus afiliados el acceso y la cobertura integral a las técnicas de fertilización asistida. Esa ley, la Ley Nº 28.862, todavía no cuenta con la adhesión de Entre Ríos.
La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto presentado por la diputada María Laura Stratta (FpV) que plantea una adhesión lineal a la ley nacional, pero en el Senado hay otras dos iniciativas, de los senadores Natalio Gerdau (FpV) y Enrique Cresto (FpV). El senador Eduardo Melchiori (FpV), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, dijo ayer que no habrá adhesión amplia a la ley nacional, y hay aspectos éticos que deberían revisarse.
Los senadores mantuvieron un encuentro con miembros del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), la principal prestadora de la provincia, quienes pusieron algunos reparos y condiciones para la eventual sanción de una ley de fertilización asistida por parte de la Legislatura. Melchiori estuvo de acuerdo con algunos de estos planteos al sostener que le parece que se deben “incorporar algunas cuestiones razonables en la norma, pensando en sostener en el tiempo el acceso pleno a estos tratamientos, que es lo que todos queremos, resguardando por supuesto la obra social” provincial.
Iosper estructuró, en 2006, un régimen propio de cobertura en fertilización asistida a sus afiliados, pero parte de la base de considerar a la infertilidad como una enfermedad, y en eso, dicen, coinciden con una apreciación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo cual supone, entre otras cosas, poner freno a cualquier petición de acceder a tratamientos de fertilización asistida por parte de parejas que conforman un matrimonio igualitario.
El Iosper no financia alquiler de vientres, para parejas de hombres, ni tampoco la utilización de los bancos de esperma, en caso de matrimonio de mujeres. Pero además pone un límite de edad, los 40 años. “La obra social cubre los tratamientos de fertilización asistida desde 2010, pero con algunos parámetros que se pusieron. Por ejemplo, se considera a la infertilidad como una enfermedad, y una edad máxima de 40 años. Esto garantiza que la obra social le va a poder dar cobertura a la persona que realmente necesita”, sostuvo el gerente de Prestaciones de la obra social provincial, Fernando Cañete.
En eso, dice, se diferencian de la ley nacional. “La ley nacional es amplia, muy amplia, y no pone condiciones. Entonces, lo que nosotros le pedimos a la Legislatura es que se pueda trabajar en un proyecto que apunte a dar cobertura a las personas que realmente necesitan la fertilización asistida. Nunca nos hemos opuesto a estos tratamientos, porque el Iosper lo está cubriendo. Pero pretendemos establecer parámetros”, indicó.
–Uno de esos requisitos que plantean es la edad.
–Sí, el Iosper pone 40 años como máximo para acceder a estos tratamientos. Pero no solo porque lo decimos nosotros. Hay una edad biológica en la mujer. Nosotros hemos estado hablando con algunos prestadores, y ellos encuentran atinado los 40 años, como tope. Los demás son embarazos de riesgo, y nosotros lo que estamos pidiendo es financiar a las personas que necesiten, y que tenga realmente efectividad el tratamiento. Esto pedimos a los legisladores. Se lo pedimos a Diputados, y ahora se lo pedimos a Senadores. Diputados lo que hizo fue adherir lisa y llanamente a la ley nacional. Pero así, consideramos que es amplio, no define a la infertilidad como enfermedad, no pone límites de edad, y habla de la aplicación sin distinción de sexo. Acá entran a colisionar derechos, el derecho individual, a la identidad, alquiler de vientres, cuestiones que Entre Ríos debe dejar claro en el momento que aplique la ley que se vote.
Financiamiento. Cañete sostuvo que la provincia no puede avanzar de modo tan amplio en la cobertura de la fertilización por cuanto uno de los métodos –el alquiler de vientres–, no está legislado y contradice el Código Civil. La reforma del Código, que incorporaría, entre otros cambios, esa posibilidad, está ahora varada en el Congreso de la Nación, aunque la ley nacional, dice el gerente de Prestaciones de Iosper, la contempla, aunque no de forma explícita. “La ley nacional tiene muchos grises, es muy ambigua, muy amplia. El Iosper no es que se oponga; al contrario, está cubriendo la fertilización asistida. Pero lo que decimos es que queremos establecer pautas que nos permitan dar cobertura a aquellos afiliados que realmente lo necesitan”, señaló.
–¿Bajo qué parámetros da ese tipo de cobertura el Iosper?
–El Iosper, a través de la resolución 206, ya tiene establecido cuáles son las prácticas que cubre. En este momento, el Iosper tiene cobertura de cuatro procedimientos de baja complejidad, y dos de alta complejidad. Nosotros lo que estamos pidiendo es la posibilidad de profundizar en este análisis como para poder darle la prestación a los que realmente lo necesitan, y siempre y cuando se considere a la infertilidad como una enfermedad.
–Un tema puntual es los recursos. ¿Plantean un pedido de auxilio a la Provincia?
–Es un debate que debemos seguir profundizando. Cuando sale la ley nacional, la presidenta Cristina Kirchner se reunió con dirigentes sindicales, con obras sociales, y les amplió en 1.190 millones de pesos el presupuesto para tratamientos de alta complejidad. Las obras sociales provinciales no tienen posibilidad de acceder a esa fuente de financiamiento. Por eso no está de más plantear la posibilidad de que el Gobierno provincial haga algún tipo de reconocimiento, más cuando el Iosper es la obra social que menos aportes recibe.

Estadística
En lo que va de 2013, el Iosper ha autorizado 30 tratamientos de baja complejidad, cuyo costo ronda los $4.000; y otros 70 tratamientos de alta complejidad, con valores que rondan los $28.400.
A lo largo de 2012, financió 89 tratamientos de alta complejidad, los cuales produjeron cinco embarazos.
En baja complejidad, el año último se cubrieron 18 tratamientos, que produjeron tres embarazos.
La obra social provincial tiene una población de 18 a 50 años compuesta por 120.000 personas.
De ese total, estiman, unas 600 parejas pueden padecer de algún tipo de infertilidad. Si se tiene en cuenta que la media de inversión por cada tratamiento es de $50.000, el gasto anual ronda los $30 millones.

El Senado hará modificaciones
El presidente de la comisión de Salud Pública del Senado, César Melchiori anticipó que la adhesión a la Ley de Fertilización Asistida sufrirá modificaciones “teniendo en cuenta conceptos que están contenidos en los proyectos que tenemos en el Senado y, creemos, permitirán enriquecer lo hecho por la cámara de origen”. Afirmó que se tendrá en cuenta “lo que nos acerca la gente del Iosper, que es un punto de vista muy valioso y enriquecido por su experiencia en el tema que vienen trabajando desde hace ya varios años”, sostuvo.
El legislador señaló que “hay algunas aristas de la norma nacional que deben ser profundizados, sobre todo lo relacionado con la realización de los estudios previos a un procedimiento de fertilización”. Y agregó que “se puede observar que el decreto reglamentario de la norma nacional incluye cuestiones que no fueron parte de la ley de fondo”. También comentó que hay aspectos éticos que deberían ser analizados.
Destacó el trabajo que “desde hace tiempo viene realizando el Iosper, que se adelantó incluso a la sanción de la ley nacional, respondiendo a las demandas de sus afiliados”. Consideró además que se deberían poner muy en claro algunos límites lógicos para que la aplicación de la norma no genere inconvenientes a la obra social. “Me parece que tenemos que incorporar algunas cuestiones razonables en la norma, pensando en sostener en el tiempo el acceso pleno a estos tratamientos, que es lo que todos queremos, resguardando por supuesto la obra social”, expresó.
Afirmó que “se tiene que lograr que aquella persona que tiene mínimos recursos, pueda ver asegurado el acceso a los tratamientos”.