En las últimas horas llegaron a manos del juez Federal de Paraná, Leandro Ríos, dos escritos instando al procesamiento por robo de bebés durante la dictadura de los socios del Instituto Privado de Pediatría (IPP) David Vainstub y Jorge Rossi. Se trata de peticiones acercadas por la fiscalía y las querellas ante el vencimiento de los plazos formales para resolver la situación procesal de ambos imputados. La primera presentación fue efectuada por los fiscales José Ignacio Candioti y Mario Silva, quienes instaron al procesamiento de los médicos civiles y presentaron los argumentos en tal sentido. Para la Fiscalía Federal, Vainstub y Rossi deben ser tenidos por partícipes secundarios de la sustracción y sustitución de identidad de los bebés mellizos de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela.Los niños –uno de cada sexo– estuvieron internados en el IPP en marzo de 1978, con nombres falsos, antes de ser entregados a personas que no eran familiares ni estaban autorizados para llevárselos. En 2008 la beba mujer restituyó su verdadera identidad y hoy busca a su hermano mellizo.
Por este caso ya se encuentra procesado el médico civil Miguel Torrealday, considerado el principal responsable del IPP. Además, en 2011, fueron condenados cinco represores en la causa conocida como Hospital Militar, primera parte de la investigación.
En el pedido de indagatoria de Vainstub y Rossi, los fiscales habían presentado pruebas de que los médicos conocen lo sucedido con los niños, como testimoniales de enfermeras del área de Neonatología y la propia declaración indagatoria de Torrealday. El desconocimiento, basado en el sistema de puertas abiertas de la clínica, ha sido el principal argumento defensivo de los tres acusados.
Pedido de la querella
Este jueves presentaron un escrito los abogados que representan a las querellas: la Asociación Civil HIJOS Regional Paraná; los hijos de Raquel Negro; Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Abuelas de Plaza de Mayo. En la presentación solicitaron que se dicte “el debido procesamiento de los encartados”, argumentando también en contra del alegado desconocimiento: “Todos ellos (por los socios) poseían la información y el conocimiento tanto de las necesidades operativas del servicio como del ingreso de dinero derivado de la prestación. Lo que supone también el conocimiento de la totalidad de pacientes que se encontraban internados y los insumos utilizados para cada atención”, sostuvieron.
Entre otros testimonios, mencionaron el de la nieta restituida Sabrina Gullino Valenzuela Negro, quien relató ante el juez los pormenores de una reunión que mantuvo con los médicos en 2013, en la cual le quedó claro que “sabían más de lo que decían” y que “estaba todo armado, estaba todo impostado, estaba construido el relato para no equivocarse”.
Para las querellas, las declaraciones de los acusados no lograron desacreditar las sospechas que hay en su contra. Además consideraron inverosímil sus explicaciones y aclararon que “aún en el caso de que los bebés allí internados fueran atendidos por profesionales ajenos a la institución, la responsabilidad penal de los imputados no se vería modificada ya que se omitieron los recaudos legales en materia de registración y atención”.
Por otro lado, cuestionaron que la “constante estrategia de la defensa” de que las historias clínicas se perdieron en una inundación, con lo que no podría probarse quiénes retiraron a los niños.
