El procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, ordenó un sumario administrativo y una auditoria para esclarecer cómo fue que se llegó a un acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, en el marco del concurso preventivo de la empresa, que fue rechazado por "abusivo" por parte de la fiscal de Cámara del fuero comercial, Gabriela Boquín. Según la resolución, la Procuración se pronunció a raíz del dictamen que firmó el viernes pasado el fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para evaluar la falta de competencia que tuvieron los funcionarios públicos del Ministerio de Comunicaciones que avalaron el convenio y la posible violación a la ley de Ética Pública.
“Las razones expuestas ameritan la realización de una auditoria desde el inicio del proceso judicial, conforme a lo solicitado por la Procuraduría”, dispuso Balbín.

En ese marco, la Procuración firmó la resolución en donde instruyó un sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos denunciados en relación a los autos “Correo Argentino sobre Concurso Preventivo” y establecer las posibles responsabilidades administrativas que pudieran corresponder y recomendar, en su caso, las medidas y sanciones que resulten pertinentes".

Asimismo, se encomendó a la División Nacional de Auditoria de la Procuración la realización o de una auditoria para evaluar la actuación de los representantes del Estado Nacional.

Además de pedir la intervención de los abogados del Estado, el fiscal Rodríguez también impulsó una denuncia penal en base a la maniobra descripta por la fiscal General Gabriela Boquín en su apelación a la Cámara Comercial, que -a su entender- podría configurar un intento de defraudación por administración infiel por parte de los funcionarios públicos intervinientes, porque a su criterio se "convalidaría un perjuicio patrimonial multimillonario".

Rodríguez también sostuvo que deberá ser analizada bajo la posible comisión del delito de "tráfico de influencias" y posibles "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

El caso se conoció la semana pasada, cuando se difundió el dictamen de la fiscal Boquín ante la Cámara en lo Comercial que se oponía a un convenio entre el Estado y la empresa que pertenece a la familia Macri, hecho a seis meses de que Mauricio Macri asumiera el Poder Ejecutivo, para que se pagara una historia deuda del Correo con el Estado.

Según el plan, la empresa se comprometió a pagar en 15 cuotas anuales (desde 2018 hasta 2033) y con un interés de 7 por ciento, sólo sobre el capital de la deuda y las partes destacaron que se trataba del pago de 600 millones de pesos, más del doble de la suma inicial de casi 300 millones (a 2001).

Pero la fiscal Boquín sostuvo que ese convenio implicaba una quita de 98,2 por ciento, porque no regían los intereses, que era abusivo porque, a criterio del área financiera de la Procuración (DAFI), para 2033 provocaría un perjuicio en el Estado de 70.163 millones de pesos y denunció “mala fe procesal”, porque días antes Correo Argentino inició una demanda al Estado reclamando por daños y perjuicios, por un interés más alto que el que estaba dispuesta a pagar en el concurso preventivo.