CONCORDIA SAQUEOS DE DICIEMBRE.

El juez hizo lugar ayer al planteo sobre un real peligro de entorpecimiento de la investigación si los uniformados recuperaban su libertad. En ese marco, dispuso que sigan detenidos por 60 días más en la Unidad Penal de Federal y fundamentó su decisión con duros cuestionamientos al accionar policial durante los días 8 y 9 de diciembre.
“Es difícil no observar la vinculación entre la toma de la Jefatura y la instigación a los robos y saqueos, a no ser que seamos jueces distraídos”, acusó Funes Palacios y aseveró que existen indicios “serios de que se liberaban zonas de la ciudad para que haya muertes, robos y la situación de zozobra” que reinó en todos los ciudadanos concordienses durante esas horas.
Para el juez Funes Palacios “existió una coordinación en la toma” de la sede Departamental de Policía ya que el lugar donde ingresaron “era una Jefatura y no una iglesia”. Aseguró que por esa forma de reclamo “los ciudadanos comunes tuvieron que convertirse durante esos días en algo que no eran, armándose y formando barricadas para protegerse”.
El magistrado anticipó que a futuro “puede haber una pena efectiva” y dijo que “de recuperar la libertad, nada nos hace pensar que no se alzarían contra el Poder Judicial como lo hicieron con el Ejecutivo”.
En ese marco se refirió a la toma de la radio del Comando Radioeléctrico asegurando que “no se podía dar auxilio a los vecinos que llamaban” y enfatizó que la imputación del fiscal “es clara y precisa. Todo el grupo intervino y cada uno dominó parte de la acción”.
El juez aseguró que “hay rastros de violencia con la que se ingresó a la Jefatura y prueba de ello es el robo al CPU donde se guardan las filmaciones de las cámaras”, mencionó. Además les aclaró a los imputados y a sus defensores que “para la sedición no es necesario portar en ese momento armas, sino que se tenga acceso”.
ACUERDO NULO. Sobre el acuerdo firmado entre el gobernador Urribarri y un grupo representante en la noche del lunes 9 de diciembre, Funes Palacios fue claro al decir que “el acuerdo es nulo” y lo justificó leyendo el artículo 4 de la Constitución entrerriana en donde se refiere a la sedición.
El juez consideró que existen “caminos alternativos para el reclamo salarial”, donde si el gobierno provincial acordaba “difícilmente teníamos una ciudad pacífica el 9 a la noche” y observó que “este es el iceberg de una serie de ilícitos que se cometían y sería imposible que los agentes les expliquen (por ejemplo) a los vecinos de calle Diamante porqué los desprotegieron”.
Planteos y detención
Los 17 efectivos detenidos que están siendo investigados por la toma de la Jefatura Departamental de Policía y los posteriores desmanes y saqueos ocurridos en Concordia en diciembre fueron trasladados ayer a esa ciudad desde Federal, donde se encuentran detenidos, para su participación en la audiencia.
En la audiencia, que arrancó puntualmente a las 10 de la mañana con la exposición del fiscal Mario Guerrero, llamó la atención que varios de los acusados se presentaran con la cabeza totalmente rapada.
El fiscal argumentó profusamente un pedido de prisión preventiva para los policías imputados en la causas caratulada “Zaragoza, Carlos Daniel y otros s/ sedición, privación ilegitima de la libertad, daño calificado, robo agravado por la calidad de funcionario público e instigación a cometer delitos en concurso real”, legajo nº 8949/13.
El Juez Funes Palacio hizo lugar a los planteos del fiscal Mario Guerrero y determinó que los 17 policías deban continuar detenidos, imponiéndoles la prisión preventiva por al menos 60 días más.
Entre otras acusaciones Guerrero los sindicó como “un grupo organizado” que trabajó coordinadamente en aquellas angustiosas horas de diciembre y remarcó que quienes estaban sentados en la primeras filas de la sala fueron señalados como los mayores responsables en la violenta toma de la Jefatura Departamental.
Tras ello, planteó que existía un serio “peligro de entorpecimiento en la investigación” si se les permitía recuperar la libertad, valoración que fue aceptada por el juez Alberto Funes Palacio quien estableció la prisión preventiva para los policías Daniel Chávez, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, Esteban Cendra, José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Gómez Luis Alberto, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Diego Diferding, Manuel Coutiño, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez y Carlos Daniel Zaragoza, este último el único con rango de oficial por lo que su nombre encabeza la carátula del caso.