Una mujer de 31 años denunció en la capital provincial que era obligada a prostituirse por su pareja durante los últimos 14 años. La víctima se fugó hace dos meses de la casa del barrio Anacleto Medina, en el sudoeste de Paraná, y efectuó una presentación contra su pareja en la Justicia Federal para que se investigue a su novio por la presunta comisión del delito de trata de personas. Además, aunque se dispuso una custodia, el hombre la atacó por la calle e intentó secuestrarla. En el hecho interviene también la Dirección de Asistencia a la Víctima. La pareja de la mujer la explotaba y la obligaba a ejercer la prostitución con clientes que él mismo le conseguía; la llevaba a departamentos y casas particulares, la esperaba y luego le quitaba el dinero que recibía.

Este martes se dispuso la custodia personal y permanente de esta mujer, que permanece escondida. También la Dirección General de Asistencia a la Víctima del Delito tomó intervención para brindarle asesoramiento y facilitar la reinserción laboral, tal como lo establece la ley nacional, que garantiza el derecho de la víctima “a contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas”.

El abogado que la asiste, Gustavo Goyeneche, en diálogo explicó que “hace dos meses se escapó de la casa y en estos días vive oscilando en distintos lugares que le prestan, escondida de su pareja” y remarcó que “ella no tiene restricciones de libertad, salvo las que dispone para escaparse de esta persona”.

En una primera instancia el juez federal Gustavo Zonis había dispuesto que un móvil de Gendarmería patrullara el barrio y la casa donde se recluía la mujer. Pero el jueves pasado, ya sin custodia, el hombre la atacó en plena calle e intentó secuestrarla nuevamente y solo la aparición repentina de un móvil de la Comisaría 16 la salvó de esa situación.

En ese sentido, Goyeneche lamentó “que no se mantuviera la custodia ni se dispusiera una restricción para que el hombre no pudiera acercarse a la víctima”, pero confió en que a partir de ahora la mujer tendrá vigilancia “personal y permanente” y estimó que esa medida implica que “adonde ella vaya, la seguirán”.

Mientras tanto, la investigación tomó dos caminos que invariablemente derivarán en un conflicto de competencia. Es que el juez Zonis se declaró incompetente para investigar las amenazas y, tras el ataque sufrido por la mujer la semana pasada, su abogado radicó una nueva denuncia ante los tribunales provinciales, que recayó en el Juzgado de Instrucción a cargo de Marina Barbagelata.

De todas maneras, el propio letrado de la mujer considera que las actuaciones deben correr por cuenta de la Justicia Federal. Cabe recordar que la propia Cámara Federal de Apelaciones de Paraná admitió hace unos meses, en otro caso, que la situación de amenazas da cuenta de una “ausencia de libertad” por parte de la víctima y que por eso debería encuadrarse bajo la misma figura de trata de personas.

De hecho, la Ley de Protección de los Derechos de las Víctimas de Trata asegura a las víctimas el derecho “a la protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia; y la adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica”.

Mientras tanto, continúan las investigaciones sobre el proxeneta. “El tipo anda suelto y armado”, se quejó el abogado.

Durante su convivencia la pareja tuvo una hija que hoy tiene 12 años. Esa niña es otra víctima de esta situación. Por ello, Goyeneche manifestó que “la madre debería tener a su cargo la custodia y tenencia de la niña”. Actualmente, la menor vive con su padre y entre las medidas dispuestas por el juez federal se ordenó que agentes de Gendarmería Nacional visiten diariamente la vivienda para constatar el estado en que se encuentra la menor.