Los municipios de Chajarí y Ceibas se sumaron a los que ya suscribieron el Convenio de Intercambio mutuo con la Administradora Tributaria de Entre Ríos, en el marco de la Ley N º 10.091. El director ejecutivo de la ATER, Marcelo Casaretto, acompañado del director de Fiscalización, César del Castillo, firmó sendos Convenios Marco de Intercambio de Información y Colaboración Recíproca, con los intendentes de Chajarí, José Luis Panozzo y de Ceibas, Daniel Olano, en el marco de la política que lleva adelante la gestión del gobernador Sergio Urribarri que propone intercambiar información, realizar inteligencia fiscal y la fiscalización efectiva de la información brindada por los contribuyentes en las distintas administraciones.
La Administradora Tributaria trabaja en una serie de acciones que buscan promover buenas conductas impositivas: se están realizando operativos informativos conjuntos con AFIP, se han dispuesto resoluciones ligadas a la situación impositiva de funcionarios públicos y proveedores del Estado y se firman convenios con municipios que buscan, a partir del cruzamiento de datos y tareas de inteligencia fiscal, consagrar criterios de equidad, justicia y progresividad para obtener más recursos y que éstos sean destinados a obras y servicios para la comunidad.
El convenio marco que se está formalizando con los municipios entrerrianos dispone acciones conjuntas para mejorar la tarea de fiscalización y control, generando mecanismos de intercambio de datos con remisión periódica de información catastral que incluya la matriz actualizada. Se determina una colaboración recíproca en tareas de ejecución y programas de fiscalización, tecnología y acciones de capacitación.
En los municipios se realizará un relevamiento y trabajo en terreno a través de agentes que se capacitarán previamente con el fin de actualizar bases de datos y contar con un registro real de propiedades que no están declaradas en alguna de las jurisdicciones.
El acuerdo establece la colaboración recíproca en tareas de ejecución de estrategias y programas de fiscalización, tecnología y acciones de capacitación, como así también la adopción de un nomenclador único que permita una registración compatible de los contribuyentes en sus actividades, sean municipales o provinciales. Por último, se fija que las informaciones que recíprocamente se intercambien, estarán sujetas al secreto fiscal y serán de uso confidencial para todo el personal involucrado en la operatoria.