Abel Ormazábal, bioquímico de Concordia fue acusado ante la Justicia por utilizar la misma aguja de extracción de sangre en varias personas. La causa es investigada por el fiscal Miguel Villa.
Este último describió que la causa comenzó oficialmente el 10 de mayo y “hasta el momento se tomaron varias testimoniales; Entre las que figuran varios trabajadores de la Asistencia Pública; una jefa del área y al secretario de Salud del municipio, Mario Imaz”, quien en rigor figura como denunciante formal en nombre del municipio
Según se pudo conocer, son en total cinco las personas damnificadas, entre las que se ubican una mujer de 46 años, un hombre de 33 y un menor de apenas 17 que son querellantes en la causa. Mientras que otras dos personas, una mujer de 37 años y otra de 26 solo figuran como denunciantes.
Remarcando siempre que la causa 2.896/12 está en una etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP), el fiscal indicó que las extracciones de sangre en los querellantes se realizaron el 7 de mayo, mientras que en los denunciantes fue el 24 de abril pasado. Al estar en una etapa de búsqueda de datos, no existe por el momento una imputación contra Ormazábal, por lo cual hasta la fecha no prestó declaración en la sede de calle Mitre.
Asimismo detalló que esta semana se conocerán los resultados de los exámenes encargados al área de ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual) del hospital Felipe Heras, ya que se busca saber si los afectados fueron transmitidos con el virus del VIH o hepatitis, entre otras. Además confirmó que estas cinco personas se encuentran por el momento recibiendo un tratamiento antirretroviral y dijo desconocer si tienen asistencia psicológica.
En su explicación Villa subrayó que de comprobarse la propagación de alguna enfermedad a través de las agujas, “a Ormazabal se lo imputará por el delito contra la salud que prevé una pena de 6 meses a 5 años”, pero que de no haber constatación de una enfermedad -siempre y cuando se confirme que actuó tal como se lo denuncia- , “se lo acusaría de negligencia con una actitud culposa por impericia, donde la pena establecida en el código penal por el artículo 204 bis establece una multa económica de 5 a 6.000 pesos, monto que es actualizado constantemente
