28 de junio de 2012 |
VICTORIA. |
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3 POLICIAS ACUSADOS DE APREMIOS ILEGALES.
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Cada año se radican tres o cuatro denuncias por apremios ilegales en Victoria. Algunas de ellas se archivan por falta de pruebas y otras llegan a ser elevadas a juicio. Así sucedió con el caso de tres policías de Victoria, quienes recientemente fueron procesados por golpear a un joven en la calle en el marco de una detención. Con testigos e informes médicos, la investigación avanzó y el fiscal elevó la causa a juicio. No se cuestiona la detención de la víctima, sino los posteriores golpes que le propinaron, cuando ya estaba reducido. El hecho sucedió una madrugada de 2011, en plena vía púbica de Las siete colinas, pero existió un episodio violento anterior. Según se informó el 4 de julio de 2011 personal policial de la Jefatura Departamental fue comisionado a intervenir en un conflicto desatado en un suburbio de la localidad. Al llegar en un patrullero fueron recibidos a piedrazos por los miembros de la familia Giménez, y el móvil resultó dañado. Finalmente uno de los integrantes de dicho grupo familiar resultó detenido y trasladado a la Jefatura.
Algunas horas más tarde, ya entrada la madrugada de aquel lunes, el hermano del detenido se dirigió hacia la sede policial con el fin de lograr la liberación del muchacho. Pero antes de llegar fue interceptado por un patrullero con tres uniformados en la intersección de Alem y Laprida, quienes lo conocieron y procedieron a detenerlo. Giménez se resistió a ser arrestado, por lo cual forcejeó con los policías por unos minutos, pero finalmente fue esposado. Mientras estaba en esta condición, sin posibilidad de defenderse, los uniformados continuaron golpeándolo, tal vez desquitándose del episodio anterior vivido en el domicilio de los Giménez. En ese momento, apareció un testigo fundamental para la causa. Se trata del defensor de Menores de Victoria, Marcelo Balbi, quien salía de su domicilio con su esposa y caminaba por la zona. Al ver esta situación, el funcionario judicial se acercó para solicitarles a los policías que cesen con la golpiza del hombre ya detenido. Los uniformados, sin reconocerlo, le recriminaron que no debía meterse en el asunto y le dijeron que se vaya. El fiscal de Victoria, Eduardo Guaita, explicó el hecho que le imputó a los funcionarios policiales: “Giménez está bien aprehendido, pero el problema es el uso de la fuerza pública después del arresto, ya que estaba totalmente reducido”.
Los agentes fueron procesados y la causa fue elevada a juicio oral en el Juzgado Correccional de Nogoyá, bajo la carátula de los delitos de Severidades y vejaciones, comúnmente denominados como apremios ilegales. Hasta que la causa se ventile y una sentencia defina la situación procesal de los policías, estos quedan casi en situación de pasivos percibiendo el 50% de sus haberes y sin desarrollar funciones. Muchas veces son archivadas por tergiversación del acto de parte de las víctimas, se explicó. En varios casos “la actuación policial es justificada, y lo que hay que explicar y probar es el exceso”, en dicho procedimiento, dijo Guaita. Cuando las declaraciones testimoniales no son contundentes, lo fundamental y casi decisivo es el informe médico, que constata o no las lesiones en la víctima, y se establece por sus características si pueden ser consecuencia del episodio denunciado.
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