Un matrimonio santafesino denunció por estafas al abogado Jorge Maldonado, luego de que desapareciera –presuntamente rumbo a Villaguay- con una importante suma de dinero. En diálogo , el representante de las víctimas, Jorge Pedraza, explicó que el letrado les había ofrecido un monto en dólares a cambio de 240.000 pesos; sin embargo, abandonó la ciudad sin concretar la operación y dejando como garantía un inmueble que terminó resultando inviable. Averiguaciones mediante, los damnificados descubrieron que Maldonado tenía deudas por juego y que sobre él pesaba un antecedente penal, por tentativa de estafa a la Caja de Jubilaciones de la vecina provincia. El caso cayó en manos del juez de Instrucción en feria, Luis Octavio Silva, ante quien se tramitaron las primeras medidas. Si bien se requirió la declaración indagatoria, se estima que la petición recién prosperará tras la feria, que concluye este viernes. “Estamos ante un caso de ardid o engaño bastante sofisticado”, aseguró Pedraza, en declaraciones a este medio. Manifestó que sus representados jamás sospecharon de la estafa que estaba organizando Maldonado, de hecho se fiaron de sus antecedentes familiares. “Es nieto del ex rector de la UNL (Universidad Nacional del Litoral) Jorge Maldonado y también es hijo de un abogado. Hasta concursó para dar cátedras en la universidad”, expresó aún sorprendido.

La maniobra se concretó el 6 de julio, pero comenzó a delinearse el día anterior, cuando Maldonado se comunicó con una de las víctimas (también letrada) y le ofreció venderle dólares a bajo costo. “El marido tiene una empresa vinculada a la computación y necesita importar productos con frecuencia, por eso creyeron estar en condiciones de hacer un buen negocio”, describió Pedraza.

La semana siguiente al hecho realizaron averiguaciones que los llevaron a descubrir que el presunto estafador tenía importantes deudas de juego “y estaba tratando de conseguir dinero”; y que tenía además un antecedente penal por tentativa de estafa a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. La acusación refiere a maniobras en favor de familiares del ex juez Civil y Comercial Néstor Lapalma, quienes querían cobrar una pensión tras la muerte del magistrado.

Con estos y otros elementos, determinaron radicar la denuncia ante la Justicia ordinaria. La presentación ante la fiscal Elena Perticará tuvo lugar el 13 de julio, quien puso en conocimiento de los hechos al juez de Instrucción en feria, Luis Octavio Silva.

El magistrado habilitó medidas de urgencia, entre ellas varios allanamientos (uno de los lugares ordenados fue el estudio jurídico de calle 1° de Mayo al 900). En tanto, el pedido de declaración indagatoria tendría curso la próxima semana, cuando las actividades vuelvan a su normal desarrollo. “Creemos que apenas termine la feria habrá novedades. Seguiremos muy de cerca este caso”, adelantó Pedraza.

El intercambio que no fue

El 6 de julio Maldonado recibió a los damnificados en su casa, un inmueble de calle 3 de Febrero al 3.500, en Santa Fe. La pareja llegó acompañada de otras dos personas, entre las cuales se dividieron los billetes como medida de seguridad.

Maldonado les dijo que llevaría el dinero para contarlo en una habitación contigua, donde estaba su contacto con los dólares. Después regresó diciendo que había albañiles en la casa y que mejor los iría a contar al estudio, que quedaba a unas dos cuadras.

La pareja accedió a esperarlo y, para dar muestras de su buena voluntad, el letrado les entregó un pagaré por los 240.000 pesos y documentación del inmueble a modo de garantía.

Pero corrían los minutos y el abogado no regresaba. En cambio, se presentó su madre con un recado. “Jorge me dijo que les avisara que le surgió un viaje urgente a Villaguay”. A esa altura, el matrimonio se mostraba abatido porque no podía entender cómo lo habían dejado salir con el dinero.

Entonces comenzaron las negociaciones. La familia del estafador ofreció a los damnificados resarcir el daño y para eso pusieron a su disposición la casa familiar.

La sorpresa mayor llegó el 11 de julio, antes de realizar la transacción. Desde el Registro de la Propiedad les informaron que la vivienda ya no era bien de familia y que la habían hipotecado y prendado, por lo cual la operación comercial resultaba inviable.