El dinero que es de la Salud debe entregarse a la Salud", aseguró Moyano al participar en la ciudad de Rosario de los festejos por el centenario de la Federación Agraria (FAA).
Los fondos pertenecían a la disuelta Administración de Programas Especiales (APE) y ahora se administra directamente en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
"No sé sabe donde va la plata", disparó el camionero al referirse a esos fondos adeudados que ascenderían a la cifra de 15 mil millones, de acuerdo a los cálculos previos del líder cegetista.
En el Patio de la Madera de esa ciudad, Moyano se presentó junto al titular de la FAA, Eduardo Buzzi, además del resto de la Mesa de Enlace agropecuaria, y dirigentes de prácticamente todo el arco opositor.
Allí estuvieron el líder de la CTA antikirchnerista, Pablo Micheli; el ex gobernador santanfesino Hermes Binner; el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna; los diputados del peronismo disidente Francisco De Narváez, Eduardo Amadeo y Carlos Brown, y del radicalismo Ricardo Gil Lavedra, Ulises Forte y Atilio Benedetti; y el presidente de la UCR, Mario Barletta.
De esta forma, Moyano ratificó lo acordado en una reunión que se realizó el martes último en la CGT, donde los titulares de más de 70 obras sociales de gremios alineados con el camionero acordaron una estrategia común para reclamar al Gobierno que se les reintegren los millonarios fondos.
En caso de que no tengan respuesta rápida, el camionero prometió presentar demandas judiciales contra el Gobierno por "abandono de persona, omisión e incumplimiento de los deberes del funcionario público".
En medio de su pelea con el Gobierno Moyano se refirió además a la iniciativa del INDEC propio, del que aún no difundió las cifras definitivas y calificó como "una burla" a la canasta familiar diaria de seis pesos que relevaron las estadísticas oficiales.
"Las mediciones superan a las del INDEC ampliamente y se acercan a lo que decimos del INDEC del supermercado", dijo sobre sus propias estadísticas, de las que días atrás adelantó que arrojan una canasta básica de un precio un 52 por ciento mayor que la de los datos que difunde el Gobierno.
