las 13 en punto, acompañado por empleados de su Dirección, el titular de Habilitaciones Comerciales de la Municipalidad de Paraná, Federico Amore, se presentó en la puerta del salón de fiestas de calle Estrada, ex Excandalo, para hacer efectiva la “clausura preventiva” del local.
Del otro lado de las puertas del ex boliche, que llegó a albergar más de 5.000 personas promediando la década del `90, no había nadie. De la fiesta ocurrida dos días antes, quedaban apenas los vidrios partidos de una botella.
El domingo a la noche, en el mismo escenario, se reunían miles de jóvenes y adolescentes para vivir el regreso a la ciudad del líder de Callejeros, Patricio Fontanet con su nueva banda, Casi Justicia Social (CJS), integrada también por otros ex músicos de la tristemente célebre agrupación rockera, protagonista del desastre ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en el barrio de Once, cuando 194 personas murieron a causa del incendio ocurrido en República de Cromagnon.
La presencia de Fontanet y su banda no tuvo, en rigor, ninguna promoción publicitaria, al menos en términos tradicionales, ya que las invitaciones al espectáculo organizado por el empresario cordobés Matías Michelli se dio fundamentalmente por redes sociales. El fenómeno sorprende: de esa forma el organizador logró convocar unas 3.000 personas, según datos de los inspectores municipales.

Desobediencia. El mismo domingo los inspectores municipales se presentaron en la puerta del salón para constatar se cumplan las condiciones adecuadas para el desarrollo del espectáculo.
En ese sentido, explicó Amore en diálogo con EL DIARIO, “una de las directivas concretas que había era controlar la capacidad máxima de este lugar”. De acuerdo al expediente ingresado a su dirección, fundamentó el funcionario, el lugar está habilitado como salón de fiestas, con una disposición de 1.500 metros cuadrados utilizables, lo que determinaba un tope máximo de 1.500 asistentes al show. “La capacidad máxima indicada era de 1.500 personas por lo que expresamente se impartieron directivas a los inspectores actuantes de que se respete ese tope máximo. Cuando se constató este tope, los inspectores le ordenaron a los organizadores del evento que impidan el ingreso de más personas, a lo que se hizo caso omiso, poniendo en situación de riesgo a todos los concurrentes”, indicó Amore.

Acciones. La información acerca de la actuación de los ex Callejeros ante el doble de público al permitido ganó ayer la portada de los medios a nivel nacional. Mientras tanto, la comuna adoptó tres acciones concretas al respecto: “En principio in situ en el momento del evento se labró un acta de constatación que está trámite ante el Juzgado de Faltas (Nº 2, a cargo de Reynaldo Barbagelata), además se ha hecho en el día de la fecha una presentación en la justicia ordinaria, en el Juzgado de Instrucción Nº 1 (de Eduardo Ruhl) a los efectos de que se investigue esta conducta, porque es un accionar por omisión donde expresamente no se ha obedecido a la autoridad municipal y, finalmente, en el día de ayer (por el lunes), a última hora, se dictó la clausura preventiva”, narró el director de Habilitaciones Comerciales. Y, además argumentó: “Se dictó la clausura sin esperar la resolución del Juzgado de Faltas porque entendemos que esto además es una cuestión ejemplificadora. Primero porque se puso en riesgo a todos los concurrentes porque era tanta la gente que se impedía el acceso a los accesos a las salidas de emergencias”.
Vale recordar que a mediados de los 90’, funcionando como boliche, Excandalo llegó albergar más de 5.000 personas en oportunidad de recitales masivos, tales los casos de la visita de Los Fabulosos Cadillac o Los Pericos. Frente a tal observación, Amore volvió a repetir que en la actualidad y de acuerdo a los planos presentados por los propietarios del salón, la superficie utilizable determina un tope de 1.500 personas.
Respecto a la responsabilidad frente a la desobediencia de las normas municipales, Amore señaló tanto a los titulares del salón habilitado, bajo la firma Celco SA y el organizador del espectáculo, Matías Michelli, empresario de origen cordobés. La banda, en tanto, no aparece como actora involucrada en la organización.
“Hemos tomado como directiva de la gestión garantizar los eventos que se realicen en la ciudad de Paraná. En lo que atañe, sobre todo, a la seguridad. Al inicio de gestión allá por diciembre se procedió a la clausura preventiva de una fiesta conocida que se hacía en la ciudad. Esta es la línea en la que venimos trabajando y vamos a seguir en esta línea cuando se vulnere la seguridad de los concurrentes a los eventos”, concluyó el funcionario.

Denuncia penal a los organizadores

La intendenta de Paraná, Blanca Osuna, inició ayer acciones penales contra los organizadores del recital de Casi Justicia Social (ex Callejeros), así como los titulares de la habilitación municipal del lugar donde se realizó. La medida se sumó a la ya clausura preventiva sobre el local bailable.
“Estamos adoptando medidas en relación a una clara contravención a las normas de seguridad que hubo en este local comercial el domingo por la noche cuando tocara la banda Casi Justicia Social. Hay una responsabilidad del Estado que nosotros vamos a ejercer”, afirmó la jefa comunal. En ese sentido, ratificó que el día del recital los inspectores concurrieron a los efectos de controlar, entre otras cuestiones, la capacidad máxima de concurrentes que admitía el local comercial. Según indicaron desde el municipio, una vez que se constató el máximo permitido, se convocó a los organizadores a los fines de que impidieran el ingreso de más personas, porque ello ponía en clara situación de riesgo a los concurrentes; “peor, se hizo caso omiso”, sostuvo. No obstante, en un espectáculo de estas características una vez que se ha superado el tope máximo “es muy difícil clausurarlo o cerrarlo con la gente en su interior”, explicó Osuna.
“La desobediencia fue de los organizadores del evento y de los responsables del local comercial. Quienes ostentan la autorización tienen responsabilidad sobre el uso del local. Tenemos la certeza de que actuamos a conciencia y con el respeto a normas que nos deben regular a todos, incluidas las personas y organizadores que vienen de otro lugar”, señaló Osuna. “Si bien no hubo incidentes, se trata de un hecho de gravedad, que provocaron estos empresarios, que priorizan el negocio por sobre la seguridad y el bienestar de las personas y que actúan como si el Estado Municipal no existiese”, recalcó.

AL MARGEN
Normativa. La intendenta Osuna explicó que “el local fue oportunamente controlado y la habilitación se hace ajustada a requisitos que efectivamente se inspeccionan. Lo que la norma establece como tope de ingresantes no es un hecho casual o fortuito, sino que protege la integridad física de los participantes que asisten a un evento. Esto fue lo grave que sucedió, y no vamos a permitir que se les dé la espalda a las normas”, finalizó.