Tres personas son juzgadas por la explotación sexual de cuatro mujeres mayores y una menor de edad, en el prostíbulo Tekila, ubicado en el kilómetro 320 de la ruta nacional 14, cerca de Chajarí, donde mantenían relaciones sexuales con clientes a cambio de dinero, del cual un porcentaje se lo quedaban los acusados.  Se trata de José Antonio Romero, alias Neio, de 42 años, oriundo de Corrientes; Guadalupe Insaurralde, alias Chela, de 38, nacida en Santa Fe; y la brasileña Natividade Izildihna Leao, alias Izi, de 36 años, domiciliada en Chajarí. Los lugares de los que eran regentes o propietarios son cuatro, todos de la zona de dicha ciudad, próximos a la “ruta del Mercosur”: Tekila, El Portal, Momentos y La Farola.
Según la investigación que los procesó y por la cual llegaron a juicio, los tres conformaban una organización dedicada a captar mujeres para la explotación sexual. Familiares y allegados de Insaurralde radicados en la ciudad de Santa Fe contactaban a mujeres y las engañaban con un trabajo y un futuro promisorio. Leao hacía lo propio en otras localidades. Luego las mujeres eran trasladadas a los prostíbulos y sometidas.

Fuga y denuncias
A los acusados les imputan dos hechos. En primer lugar, el que comenzó el 29 de octubre de 2009, cuando tres mujeres escaparon de Tekila, donde vivían y trabajaban desde hacía algunos meses. Las ayudaron tres camioneros que un día fueron al burdel a tomar bebidas y accedieron a llevarlas a Santa Fe al día siguiente.
Esa noche se fueron todos al camping municipal Santa Ana de Chajarí para comer un asado. En un momento, una de las mujeres fue a buscar a su hija de 12 años. Cenaron y se quedaron a dormir en el camping. El viernes 30 al mediodía irrumpió Romero en una camioneta Renault Kangoo, se bajó blandiendo un palo y amenazó a las mujeres con romperles las piernas. Una de ellas se quedó defendiéndose con un cuchillo, mientras que las otras dos y la nena corrieron hasta el destacamento Mandisoví de la Prefectura Naval.Allí dos prefectos de la Guardia las asistieron y luego fueron al camping a rescatar a la tercera mujer.
El segundo hecho imputado se investigó a partir de una denuncia en la comisaría de Chajarí, el 18 de enero de 2010. Una mujer relató que trabajaba como empleada doméstica en San Vicente, Misiones, y fue conectada por Izi, propietaria del boliche La Farola de Chajarí. La brasileña le ofreció trabajo como empleada doméstica, donde ganaría más dinero, le pagó un pasaje de ida y viajó el 6 de enero. Al llegar al local, la encargada le dijo que se cambie de ropa y le dio prendas ajustadas y zapatos con taco: “Tenés que trabajar como copera y prostituta”, le dijo. Al día siguiente la llevaron a la casa de Izi, donde conoció a Chela Insaurralde, quien la obligó a prostituirse en el boliche Tekila.
La mujer denunció que le pidió varias veces que la deje ir, pero se lo negaba y la obligaba a juntar dinero. Además, afirmó que en ese lugar trabajaba una menor que usaba un DNI ajeno.
Al día siguiente por la tarde se allanó la whiskería Tekila. Allí estaban los regentes del local, Romero e Insaurralde. Se secuestraron cuadernos y papeles con anotaciones sobre el movimiento del burdel. No fue hallada la menor de edad, por lo que el 22 de enero por la noche los uniformado regresaron al lugar, y sí la encontraron. Se constató que tenía 16 años, la trasladaron a la comisaría y luego la llevaron con sus padres en Concordia.

La hora del juicio
En la primera jornada del juicio declararon dos de las víctimas, quienes reafirmaron lo manifestado en sus denuncias acerca de la situación a la que se encontraban sometidas: las mantenían alejadas de la ciudad, sin dinero, bajo constantes amenazas, imponiéndoles multas y deudas para obligarlas a permanecer en el lugar.
También declaró María Eugenia Cuadra, psicóloga de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, quien desarrolló lo planteado en el informe de la situación de las mujeres.
En tanto que ayer, la segunda jornada, fue el turno del personal de Prefectura que intervino en el momento del auxilio de las mujeres que escaparon de los acusados y fueron a pedir ayuda al puesto de Mandisoví, así como los efectivos que cumplieron con las órdenes de allanamiento y detención de los imputados.
Entre los puntos que los defensores hicieron hincapié, fue el operativo de detención de Insaurralde y Romero, el 9 de mayo de 2010, que se realizó en el estacionamiento de Tekila, pese a que la orden judicial indicaba que debía realizarse en el domicilio particular de los acusados.

“Se aprovechan de la situación socioeconómica de las mujeres”

En el informe del caso que realizó la licenciada María Eugenia Cuadra, de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, se detalló la situación de vulnerabilidad de las víctimas y su falta de consentimiento con el trabajo sexual: “Ellas se ven expuestas a situaciones donde se las vulneran sistemáticamente (que no les den el dinero, que no puedan manejarse libremente y tengan que pedir permiso para salir, les prohiban hablar con personas, se las obligue a trabajar cuando se sientan mal o cansadas)”.
Además, respecto de la situación de dominio y maltrato psicológico o de abuso de poder, la psicóloga explicó que, según las entrevistas mantenidas con las víctimas, los acusados “reclutan a gente de los barrios más humildes de Santa Fe, se aprovechan de la situación socioeconómica de estas personas (...) a esto se suma la total dependencia que les generan”, ya que al no manejar dinero quedaban “en una situación clara de dominación. Además, estas mujeres estaban aterrorizadas”, aseguró Cuadra, y agregó: En este caso es equivocado hablar de consentimiento. Primero porque estas mujeres aceptan esta oferta de trabajo entre comillas porque no tienen otra cosa que elegir. (...) Todo lo que ellas han vivido ha sido en pos de sobrevivir por lo cual es difícil hablar de una elección”.