El médico Jorge Horacio Capellino fue detenido ayer a media mañana por agentes de Gendarmería Nacional en su departamento de la Avenida Congreso, en la Capital Federal, acusado por su participación durante la última dictadura cívico-militar y el desempeño que tuvo como jefe de servicio en el Hospital Militar de Paraná.
Según indicaron fuentes judiciales el profesional permanece alojado en una unidad penitenciaria federal y será trasladado entre hoy y mañana a la capital entrerriana para prestar declaración indagatoria ante el juez federal Gustavo Zonis, en el marco de una causa que tiene su nombre en la carátula pero que es un desprendimiento del expediente principal de la denominada Área Paraná.
A partir de 2009 surgieron una serie de testimonios que daban cuenta de la participación de distintos médicos que cumplieron funciones en el Hospital Militar. Además de Capellino, en el expediente figuran Ricardo Rizzo, esposo de la vocal del Superior Tribunal de Justicia Susana Medina; Mario Sergio Crocce y Carlos Bautista Suino.
El año pasado los fiscales federales Mario Silva y José Candioti habían acusado a Capellino por los delitos de privación ilegítima de libertad y aplicación de tormentos en perjuicio de cinco personas y por el homicidio de Pedro Miguel Sobko.
Entonces, el juez Zonis lo citó para que designe abogado defensor y le entregó una copia del requerimiento de instrucción donde los acusadores públicos solicitaban la apertura de una investigación penal en su contra, tal como lo establece el Código de Procedimientos en Materia Penal de 1888 –vigente al momento en que se cometieron los hechos–, que prevé que las actuaciones deben realizarse en forma escrita y establece que el llamado a indagatoria implica a su vez el auto de procesamiento.
Acusado. Capellino era teniente primero médico. Durante la represión ilegal estaba a cargo del área de Clínica Médica del Hospital Militar y era uno de los profesionales que asistía a detenidos políticos alojados en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Batallón de Comunicaciones del Ejército, según lo manifestara inclusive Juan Antonio Zaccaría, condenado el año pasado por su participación en la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro.
Esto fue ratificado por varios detenidos políticos que fueron víctimas de apremios ilegales –de ahí las acusaciones por torturas– y por soldados conscriptos que comparecieron espontáneamente en la megacausa Área Paraná.
Además, Capellino fue acusado por su participación en el homicidio de Pedro Miguel Sobko, un militante del PRT-ERP fue secuestrado el 2 de mayo de 1977 en la ciudad de Paraná y que habría fallecido ese mismo día en el Hospital Militar. Según consta en la causa judicial, Capellino fue quien firmó el certificado de defunción.
Sobko fue secuestrado por una patota de la Policía Federal que lo esperaba en su casa del barrio San Agustín. Ese día, alrededor de las 11, cuando era trasladado en el baúl de un vehículo, saltó e intentó escapar corriendo por avenida Ramírez hasta un terreno baldío. El auto se detuvo y bajaron varios hombres. Uno de ellos le disparó por la espalda, Sobko cayó y entre todos lo metieron nuevamente en la parte de atrás del automóvil. Un soldado señaló que ingresó gravemente herido al Hospital Militar y falleció a las pocas horas. Pero su cuerpo nunca apareció.
Otros médicos
Jorge Horacio Capellino es el tercer médico detenido por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Antes lo habían sido Juan Antonio Zaccaría, condenado el año pasado por robo de bebés y actualmente en libertad condicional; y Hugo Mario Moyano, que permanece alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.
Sin embargo, las investigaciones que lleva adelante la Justicia Federal podrían rozar a otros reconocidos profesionales de la salud, que habrían sido colaboracionistas de la dictadura.
El año pasado no llegó a esclarecerse cuál fue el rol que desempeñaron los propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP), al que fueron derivados los hijos mellizos de Raquel Negro, tras el parto en el Hospital Militar. Pero también están en la mira otros profesionales que habrían participado de sesiones de tortura en los centros clandestinos de detención y también están en la mira de la justicia.
