El Tribunal integrado por Fabián López Moras, Cristina Calveyra y Mariela Di Pretoro, dio a conocer ayer a las 8.30 la condena que dictó contra Alfredo Ramón Farías y Jonathan Lucero, acusados de matar al comerciante Jorge Ortiz, en un asalto ocurrido en su despensa, la noche del sábado 26 de mayo de este año, en Concepción del Uruguay.
A Farías se les imputó haber ingresado a la despensa del comerciante de 58 años, en calle Balbín al 1.800 de esa ciudad, y tratar de robar la recaudación a punta de revólver, y ante la reacción defensiva de la víctima, efectuar un disparo que le causó la muerte. A Lucero se lo acusó de partícipe de ese robo calificado, pero además, debió responder por otros dos hechos delictivos por los que había sido procesado.
La Cámara impuso 22 años de prisión para Farías y 18 años y medio para Lucero, en total coincidencia con el pedido del fiscal Pablo Bur, al considerar al primero, “coautor responsable de homicidio en ocasión de robo y robo calificado”, en tanto que el otro enjuiciado recibió una pena unificada como partícipe del asalto a Ortiz, y otros dos delitos contra la propiedad.
El crimen de Ortiz –que quedó registrado por la cámara de seguridad de su minimercado–, provocó una reacción de la ciudadanía uruguayense, que todavía tenía fresco el recuerdo del asesinato del quiosquero Darío Ferrer, muerto tras un robo en su local de 9 de Julio y San Lorenzo de Concepción del Uruguay, el 18 de febrero de este año.
La conmoción se transformó en reclamo público, y los vecinos se reunieron y marcharon para exigir mayor seguridad. El domingo 27 de mayo por la noche, más de 1.000 personas llegaron hasta Tribunales y la Jefatura de Policía, en la Plaza Francisco Ramírez, mientras otro nutrido grupo canalizó su enojo y preocupación frente al local de Ortiz, en dos manifestaciones ciudadanas de una magnitud pocas veces vista en la Ciudad Histórica.
En el juicio, los abogados de la familia Ortiz, Sebastián Arrechea y Félix Pérez, pidieron una pena de 24 años para Farías y 18 para Lucero, en tanto que el defensor oficial, Nicolás Gazali, planteó la nulidad del proceso por falencias de la investigación, cuestiones procedimentales que consideró cruciales, tales como la filtración de las imágenes de la cámara de video de la despensa a la prensa, antes aún de que fueran debidamente incorporadas al expediente judicial. Subsidiariamente, Gazali cuestionó la calificación del hecho respecto de la intervención de Farías: concretamente, consideró que no hubo un homicidio en ocasión de robo, sino un robo calificado por uso de armas en concurso ideal con un homicidio, diferencia que puede implicar la aplicación de una pena menos rigurosa. En cuanto a Lucero, pidió la absolución por considerar que no se probó su participación.
Tensión. Ayer a la mañana, en los Tribunales de Concepción del Uruguay el aire podía cortarse con una navaja. En medio de un estricto operativo de seguridad, los imputados fueron trasladados desde la Unidad Penal Nº 4 de esa ciudad hacia el lugar de la lectura, para evitar incidentes.
Al edificio judicial llegaron familiares de los acusados, pero también varios parientes, amigos y vecinos de la víctima.
Ni bien conocieron el veredicto, Farías y Lucero fueron llevados raudamente a la cárcel uruguayense.
El defensor, Nicolás Gazali, que no tuvo oportunidad de hablar con sus pupilos luego de que se dieran a conocer las sentencias, pero dejó entrever que podría acudir en casación ante la Sala Penal y Constitucional del Superior Tribunal de Justicia, para que se revea la condena.
Al Superior
“Recién el 28 de noviembre se darán a conocer los fundamentos y podré conocer con qué argumentos condenó el tribunal”, explicó a esta Hoja el abogado de los imputados –Nicolás Gazali–, por lo que no pudo afirmar o negar que vaya a recurrir la sentencia. Sin embargo, al recordar cuál fue su pedido a la Cámara, concluyó que “no tuvieron en cuenta el pedido de nulidad”, y respecto de Lucero, tampoco atendieron a su postura respecto de que no estaría probada la participación en el crimen del comerciante. En base a eso, Gazali dejó entrever que seguramente la causa terminará en manos de los vocales del STJ, a fines de este año, para resolver a principios de 2013.
