El plenario de la Junta Departamental sesionó anoche con la presidencia alternada del presidente Daniel Arcieri y segundo vicepresidente Mauricio de Benedetti, con la presencia de un grupo de bagayeros que siguieron desde la barra las alternativas en torno a la moción planteada por el edil Saúl Villagrán de Izquierda Democrática de Paysandú (ID, en el Frente Amplio). Villagrán planteó que se autorice en forma urgente el cruce de 20 kilos de mercadería en forma diaria durante 90 días “mientras se elabora una propuesta unificada entre las autoridades y los trabajadores (informales), incluyendo al Centro Comercial e Industrial”.
Puesta a votación se le aprobó por mayoría de 17 en 29, con el apoyo de 15 ediles del Partido Nacional, Mauricio de Benedetti (único edil del Partido Colorado en sala en ese momento) y el mocionante Saúl Villagrán. En la fundamentación de voto, Luis Lopardo (Partido Socialista) y Martín Pitetta (MPP) coincidieron en que la votación contraria de la mayoría de la bancada frenteamplista obedeció a que “las soluciones propuestas no van en la línea en que ya se viene trabajando por autoridades nacionales”.
Villagrán, en su intervención, aclaró que la posición de la ID no involucraba al resto de la bancada del FA, subrayando que “esta situación afecta a toda la población humilde de Paysandú que, además de la desocupación de cientos de vecinos, ya enfrenta un encarecimiento notorio de los productos de primera necesidad”.
Más adelante dijo que “esta actividad de bolseros no es clandestina, se desarrolla a la luz pública, autorizada de hecho por las autoridades que permitieron la circulación, así como el establecimiento de numerosos puestos de venta, lo que es por todos conocidos. Estos trabajadores informales tienen derecho al trabajo como todo ciudadano, es cierto que esa tarea no les permite el acceso a la seguridad social y otros beneficios que también tendrían que tener, por lo que es deseable que su actividad se encauce de la mejor manera. Frente a este hecho puntual, hay que recordar que en otras ocasiones hubo subsidios y apoyos a los perjudicados por medidas del Estado, como ser el subsidio a los pescadores del río Uruguay que en su mayoría no eran formales, por tanto hay que pensar en un paquete de medidas que les generen una situación-puente hasta que se hagan efectivas otras alternativas laborales, para lo cual el Estado puede brindar apoyo”.
Ante solicitud del mocionante, se oficiará lo aprobado al ministro de Economía y Finanzas, intendente de Paysandú, Congreso de Intendentes, Congreso Nacional de Ediles y ambas cámaras del Poder Legislativo y se radicará en la Comisión de Legislación y Apelaciones. El edil nacionalista Rafael Bartzabal, a su vez, solicitó que también se enviara nota al presidente de la República.
varias intervenciones coincidentes
Hubo varias intervenciones desde las tres bancadas políticas, señalando la edila Liliana Geninazza que se había trabajado con el edil Saúl Villagrán y otros actores de su fuerza política “desde el primer momento, con la urgencia que el tema tiene, sin esperar a una reunión de la Junta Departamental”. Asimismo, tras recordar que hay un grupo de trabajo del FA y que se encaran apoyos sociales afirmó: “coincido prácticamente en todo con el compañero que hace la propuesta pero no en cuanto a la solución que plantea”.
Mauricio de Benedetti (Partido Colorado) habló sobre las diferencias de figuras ilícitas: “el contrabando sigue funcionando normalmente y el bagayo es el que se complica”. Claro Suárez (Partido Nacional) criticó lo actuado por el gobierno en este tema: “esto va contra el que no tiene un trabajo legal” y que “Prefectura de Puerto con diez efectivos no controla el río Uruguay, es más fácil cortar el puente”.
Desde lo político señaló que “esto demuestra que el gobierno del FA ya no da más. Desde febrero que no se reúne el Consejo de Ministros, ¡claro, en el Uruguay no pasa nada y sin embargo estamos en el puesto diez en una nómina de los 200 países más caros del mundo”.
Silvano Baiz (Partido Nacional) adelantó que la bancada nacionalista apoyaría lo propuesto por Villagrán y reconoció “una anécdota personal, ya que hace más de treinta años yo también tuve que ‘patear’ el puente para traer cosas a fin de que mi familia comiera”.
Rafael Bartzabal (Partido Nacional) dijo que “con pasar un bolso todos los días no van a hacer nada al comercio sanducero”. Leonardo de Souza (Partido Colorado) sostuvo que apoyaba a los que “cruzan cosas para comer y vender algo para tener dinero para pagar los servicios, pero no estoy de acuerdo con aquellos que pasan bolsos para otras personas, lo que en alguna oportunidad vi en el puente internacional”. A ello también se refirió Javier Pizzorno (Partido Nacional) al asegurar que “el hilo se corta por lo más fino, los grandes contrabandistas pasaron, pasan y pasarán. Pero al que trae un bolsito, a ese le pegan”.
Reclamo del Frente Amplio
El edil Luis Lopardo, hablando en nombre de la bancada del FA, hizo un reclamo en torno a la actuado para la privatización de los 50 moteles municipales de Termas de Guaviyú, “que está en pleno proceso interno en la administración departamental”. Añadió que de todo lo actuado “nosotros no tenemos nada que criticar, porque se procedió de acuerdo a las normas. Pero lo que no nos conforma es que esto se haya hecho sin conocimiento ni noticia a la Junta Departamental. No porque la Junta tenga una función específica en esto, sino porque a juicio de nuestra bancada política afecta lo que es la política turística del Departamento. Es en esto que nos asaltan dudas sobre cuáles fueron las razones para llevar adelante esta iniciativa, cómo encastra esto dentro de la política general de turismo de esta administración y la política general en el área del gobierno nacional”.
Sostuvo que “este tema, que no es menor, debería ser de conocimiento de este cuerpo, porque hay cosas que nos preocupan: qué va a pasar con los funcionarios municipales de termas, qué pasará con la cooperativa social que hace el trabajo de motelería y otras interrogantes como el propio plazo del contrato (que se firmará con un privado), porque si se hace hasta el 5 o 7 de julio de 2015 (fecha en que asumirá el nuevo gobierno departamental), ¿no nos estaremos tropezando con alguna norma jurídica?”
Solicitó que la Intendencia pase el tema a la Comisión de Turismo de la Junta, “para que el cuerpo tenga conocimiento, sepa las causas, las razones” de esta privatización.