Con el aval de la mayoría de los bloques, la Cámara Baja nacional sancionó la ley que incorpora los tratamientos de fertilización asistida al Programa Médico Obligatorio (PMO). El debate contó con la presencia de organizaciones sociales, que celebraron desde los palcos, luego de que el proyecto permaneciera cajoneado casi un año en el Senado. “Hace años vemos cómo se da un proceso de gran inequidad. Aquellos que tienen recursos económicos tienen la posibilidad de pagar los tratamientos y otros no lo pueden hacer”, justificó la presidenta de la Comisión de Salud, María Elena Chieno. Los legisladores estimaron que una de cada seis parejas no puede tener hijos. La radical María Luisa Storani, abanderada en el tema, celebró la “constancia" de las organizaciones civiles de “soportar los cajoneos” de este proyecto. “Gracias a la tenacidad, a la insistencia y la lucha de las organizaciones sociales hoy estamos acá”, agregó Virginia Linares (GEN), quien precisó que la norma “impacta en más de 600 mil personas” que “en promedio corresponde a un 20 por ciento de las parejas”.
“¿Qué barreras logramos vencer? Las de las corporaciones, que impedían y que se negaban a que esta ley se apoyara”, enfatizó la chubutense Nancy González (FpV). Su par Silvina García Larraburu consideró que el Congreso “está reparando una deuda con todas las parejas que sufren infertilidad”.
Silvia Majdalani (PRO) fue la única en plantear objeciones al proyecto sancionado, al considerar que la mujer mayor de edad debe tener un diagnóstico de infertilidad para acceder a los tratamientos. “Esta ley posiblemente no cumpla mis expectativas ni las de mucha gente, pero lamentablemente no puedo ignorar los 20 años de lucha”, reconoció.
Con banderas y remeras, poblaron los palcos del recinto representantes de organizaciones como Abrazo por Dar Vida y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FALGBT), publicó Parlamentario.
La nueva ley
La norma garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. En el texto quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos o embriones.
Para esto, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el sector público de salud estarán obligadas a incluir en el PMO los tratamientos. En tanto, a la hora de llevar adelante estas prácticas no podrá haber restricciones fundadas en la orientación sexual o el estado civil del demandante.
Además, se creará un registro único en el que deben estar inscriptos todos los establecimientos sanitarios habilitados para realizar estas prácticas, así como aquellos donde funcionen bancos receptores de gametos y embriones.
Como órgano de aplicación, el Ministerio de Salud tendrá la tarea de capacitar a los profesionales en la materia y la Nación tendrá un presupuesto para campañas de publicidad y concientización sobre el nuevo régimen, más allá de que su ejecución le corresponde a las provincias.
