En un operativo que denota el alto nivel de informalidad de la economía del sector agropecuario, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descubrió niveles récord de granos no declarados en establecimientos de todo el país. Durante el operativo "Cosecha Gruesa de Granos", el organismo detectó 299.288 toneladas de granos, lo que representa una evasión de $ 138 millones. Para graficarlo ante el lector no acostumbrado a observar los márgenes del negocio agropecuario, la mercadería en negro equivale a 10 mil camiones llenos que en hilera cubrirían 200 kilómetros de ruta (la distancia entre Buenos Aires y Dolores). El control se efectuó entre el 15 de abril y el 30 de junio de este año, y participaron 517 agentes. Entre las provincias que se relevaron se destacan Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Salta.
En el operativo, que controla el circuito completo de comercialización de cereales y granos en todo el país, se decomisaron volúmenes de soja, maíz, girasol, trigo, sorgo, arroz, poroto negro y en su variante alubia. En total, el organismo fiscalizó 553.535 hectáreas de campos (equivalente a 27 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires), y 34.313 camiones pertenecientes a 2793 contribuyentes. También relevó a 13.913 trabajadores agropecuarios y transportistas de cereal y granos. Y se secuestró un total de 33.062 toneladas de cereal que era transportado sin la documentación reglamentaria.
El análisis de la información registrada en las bases de datos de la AFIP permitió detectar también 2 millones de toneladas de granos cuyo destino de comercialización sería el circuito marginal. Este circuito ilegal comprende a 324 sujetos no inscriptos en el Registro Fiscal de Operadores de Granos (RFOG) que no tenían capacidad productiva y que emitieron 15.107 cartas de porte (documento empleado en el transporte de granos y cereal y en el que figuran datos sobre el origen, el destino y el volumen transportado); a otros 14 contribuyentes que sí se encuentran inscriptos en el registro y que emitieron 52.202 cartas de porte; y a 1410 contribuyentes que habrían omitido la inclusión de 3502 campos productivos en el vencimiento de los impuestos patrimoniales del año 2012.
La informalidad en el manejo y comercialización de granos es una pandemia histórica en la actividad rural nacional, tan acostumbrada a la queja infundada por la supuesta escasa rentabilidad como a las maniobras especulativas para evadir al fisco.
Según cifras que maneja el economista del Cemop (centro de estudios económicos vinculado a las Madres de Plaza de Mayo), Ernesto Mattos, "casi un 20% de los granos que se venden en la Argentina son informales". En pocas palabras, no pagan impuestos y salen "en negro" desde el productor hasta el exportador o el propio mercado interno. De hecho, una práctica muy extendida es la venta no registrada al exterior a través de la frontera, o bien con la anuencia de las corporaciones granarías, que manejan la mayoría de los puertos agro-exportadores del país.
En esta línea, y según un comunicado difundido ayer por la AFIP, también se hicieron controles suplementarios de poroto y poroto negro en la provincia de Salta. Y se prestó especial atención a la exportación que ocurre en la triple frontera entre la Argentina, Paraguay y Brasil.
Hace unos años, en 2011, otro control de AFIP al transporte de cargas en la provincia de Buenos Aires había disparado datos alarmantes de la connivencia con los puertos: de 273 camiones relevados, el 25% de los choferes presentaban inconsistencias laborales; habiendo además irregularidades en la cargas. Uno de los controles se llevó a cabo justamente en el complejo portuario que la firma Bunge tiene en la localidad de Ramallo, provincia de Buenos Aires.
En los operativos de las últimas semanas, a través de la tecnología satelital que AFIP posee o contrata, se hicieron controles del transporte de cereal sin respaldo documental en rutas y líneas ferroviarias. Como resultado, se secuestraron 33.062 toneladas de cereal que era movilizado sin comprobantes, lo que equivale a 1100 camiones llenos, los cuales en fila uno tras otro cubrirían 22 kilómetros de ruta. El cereal interdictado tiene un valor aproximado de $ 86 millones. Durante los operativos, se recuperaron deudas de impuestos por $ 4 millones a partir del embargo de cereal de contribuyentes deudores con ejecuciones fiscales en trámite. También se realizaron otras 1067 inspecciones en cubicajes de acopios, silos y silobolsas y se relevaron 13.913 trabajadores agropecuarios y transportistas de cereal. En este contexto, se puso el ojo además en irregularidades en productores. Se identificaron 320 supuestos productores sin campo ni capacidad productiva ni económica.
Ahora bien, ¿qué se hará con los granos decomisados? Se interdictan. Por la Ley de Procedimiento 11.683, se da a las mercaderías un traslado al contribuyente para que acredite la titularidad; también se le hace un traslado al transportista. Estos actores se tienen que presentar y acreditar el registro de los montos de granos con la correspondiente documentación.
Según fuentes del organismo que conduce Ricardo Echegaray y en base a casos anteriores, es difícil que puedan lograrlo ya que por el código de trazabilidad de la AFIP, el fisco conoce el movimiento del camión desde que sale del campo.
Así las cosas, en el caso de que no puedan acreditar la titularidad, se decomisa la carga y pasa a ser parte del Estado. La ley indica que debe mandarse al Ministerio de Desarrollo Social. Si ellos no pueden recibirlo, se hace una venta judicial. «


la rural en un discurso único con macri
La 127ª edición de la exposición de la Rural en Palermo inaugurará hoy con la presencia del opositor jefe de gobierno porteño Mauricio Macri.
La apertura estará encabezada por el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, quien junto a Macri serán los únicos oradores.
La autoridades de la Rural prevén la asistencia de miembros de la Mesa de Enlace, y diputados y legisladores con marcado signo opositor.
En este contexto, hasta el momento ningún funcionario del gobierno nacional ha confirmado su presencia. La Mesa de Enlace, que encabeza la Sociedad Rural Argentina y también está integrada por la Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro, ha llevado adelante varios lockout patronales contra la política agropecuaria nacional y también planteó duras críticas a la figura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de julio próximo.
La Rural 2013 contará, según los organizadores, con distintas actividades que van desde la realización de 50 charlas técnicas hasta la proyección de películas en 3D.
También este año volverán a deambular por los circuitos de 4x4 las camionetas todo terreno, uno de las imágenes que reflejan de forma patente el fuerte crecimiento que ha tenido el sector durante los últimos años.


cinco años de la 125
Ayer se cumplieron cinco años del rechazo del Congreso Nacional a la Resolución 125 del Ministerio de Economía que implantaba las retenciones móviles a las exportaciones de soja. La decisión parlamentaria estuvo enmarcada por una noche de tensión cuyo hito fue el voto "no positivo" del entonces vicepresidente de la Nación, Julio Cobos. Esta decisión marcó la ruptura definitiva del vice con la presidenta Cristina Fernández.
Pero el 17 de julio fue el colofón de un período de debates y movilizaciones políticas que arrancó cuatro meses antes, cuando el 11 de marzo el gobierno nacional publicó un decreto con el nuevo esquema de las retenciones móviles para las ventas externas de soja. Un día después, la Mesa de Enlace convocó al primer paro ruralista que suspendió la comercialización de carnes y granos en todo el país y que fue reforzado con bloqueos de rutas. Tras un mes completo de presiones por parte del sector empresario de la actividad rural, Cristina recibió a la Mesa de Enlace. Pero la falta de voluntad de diálogo derivó en que la presidenta enviara al Congreso un proyecto de ley con la propuesta de las retenciones, lo que sucedió el 17 de junio. La Cámara de Diputados lo aprobó el 5 de julio. Luego el proyecto se cayó en el Senado.