Esta política implicará poner la lupa en los balances de las empresas de manera integral, y se tomarán todas las medidas al alcance del Poder Ejecutivo, para que las empresas se aboquen a cumplir con los acuerdos alcanzados, pero también para impedir que las firmas efectúen avivadas que disparen los precios de productos similares sin fundamento económico real, y tal como se produjeron durante los últimos meses en varios casos”, afirmaron fuentes del Palacio de Hacienda consultados por DiarioBae.
Los voceros de Economía aseguraron que “no se aplicará congelamiento de precios, sino una política de administración de los mismos, donde trabajaremos en toda la cadena, y fundamentalmente en los proveedores”, que es el eslabón donde se encontraron distintas maniobras abusivas.
Según remarcaron, la política de administración de precios no se circunscribirá a monitorear sólo los 187 productos que integrarán el nuevo acuerdo que comenzará a regir el 1 de enero próximo, sino también a alrededor de los 10.000 productos que son exhibidos en las góndolas de las 40 principales cadenas de supermercados del país y en los 80 proveedores que las abastecen, en lo que refiere a alimentos, bebidas, productos de perfumería y de limpieza.
Los 187 productos que integrarán el nuevo acuerdo serán todos de primera necesidad y en su mayoría alimentos y bebidas, los que acapararán las tres cuartas partes de la canasta seleccionada.

CANASTA. Las fuentes del Ministerio de Economía advirtieron que a las empresas que incumplan los acuerdos o realicen “avivadas”, del estilo de remarcar productos similares con cifras exorbitantes, se les aplicarán las “distintas figuras legales disponibles tendientes a corregir esos desvíos”, como la denuncia por abuso de posición dominante, la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, la fiscalización a través de la AFIP para detectar irregularidades en los precios y los balances de las compañías, entre otras alternativas.
La información que manejará la cartera de Economía también contendrá una “radiografía completa” de las empresas en cuanto a la utilización de distintos beneficios que le da el Estado, como subsidios, o créditos blandos, dijeron las fuentes.
Con esta información se intentará persuadir a las empresas a que cuando quieran aumentar los precios, lo hagan por una real necesidad de costos y no por expectativas infundadas o avivadas.
En este sentido, subrayaron que “las iniciativas no persiguen el fin de que las firmas pierdan rentabilidad, sino que se buscará que mantengan una rentabilidad razonable, en base a datos históricos”: en promedio, la rentabilidad del sector de alimentos y bebidas es en la actualidad de alrededor de 3,5 % a 4 %, levemente menor al de 2011.
El acuerdo Mirar para cuidar, que vence a fin de mes y del cual participaron 3.300 personas entre militantes e integrantes de distintas agrupaciones de consumidores y afines, “se cumplió bien, los productos estaban en la góndola a los precios acordados”, consideraron las fuentes.
Sin embargo, si bien los supermercados se comprometían a llenar el vacío con productos de precios similares cuando se detectaran faltantes, se comprobó que algunas empresas utilizaron distintas maniobras legales -históricas, por cierto, pero de una forma más virulenta quizá-, para inducir al consumidor a la compra de productos de primera necesidad más caros que los acordados.

Viveza criolla
Según mencionaron en la cartera económica, y a modo de ejemplo, varios son los productos que eludieron los acuerdos. Citaron uno en el que la firma La Serenísima, que acordó un precio de la leche entera en sachet a $ 6,85, vendió a la par cuatro productos similares con prácticamente idéntico envase y distintos aditivos, como vitaminas, que encarecían un producto no acordado en la lista hasta un 22% más caro, sin tener fundamento de costos, ni macroeconómico para aumentar la brecha de precios. Otro ejemplo fue el de la lavandina Ayudín, con quien el Gobierno acordó un precio de $ 2,73, y en el que la firma lanzó al mercado distintas variantes con las denominaciones “máxima pureza” y “ultra” pura, para vender la lavandina común hasta un 284% más cara que la prevista en el acuerdo, de $ 7,77.
La leche Cindor, también de La Serenísima, se acordó a 6 pesos, pero el último precio observado en góndola para un producto de esas características con vitamina A y D, era de 17 pesos.
Otro ejemplo, entre tantos, fue el de la yerba Nobleza Gaucha, en la que se acordó un precio de $ 12,59 el medio kilo y que lanzó un una variante denominada Ecopack, a $ 17,83, donde la única diferencia era un “envase de papel 100% reciclable, sin plástico”.
Estas diferencias no se condicen con costos y confunden a los consumidores, quienes terminan adquirieron los productos que los proveedores se “ocupan” en mantener stockeadas en las góndolas de los supermercados.
Las fuentes subrayaron que “las empresas ya fueron advertidas por el Gobierno sobre estas maniobras” y en la mayoría de los casos justificaron que se trababa de técnicas comerciales y aumentos de costos.
Por ahora, el Gobierno se limitó a tomar nota y evitó aplicar represalias, con la expectativa de que las firmas corrijan su conducta abusiva, de la mano del nuevo acuerdo de precios en ciernes.