A más de un mes de los reclamos, motines y acuartelamientos de las policías provinciales en todo el país, que dieron origen a saqueos y distintos hechos de violencia, se desarrollan decenas de investigaciones judiciales en varias jurisdicciones.
 

El jueves fueron detenidos en Córdoba 17 policías y la esposa de un efectivo retirado, exempleada del servicio penitenciario provincial. Desde ayer prestan declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón de a cuatro por día, por lo que el viernes deberían declarar los últimos. “La situación procesal de los detenidos se resolverá oportunamente”, aclaró Raúl Garzón, en diálogo con Infojus Noticias. Mientras tanto, los uniformados están imputados por “desobediencia a la autoridad” e “instigación a cometer delito”. Cerca de 50 civiles ya están detenidos preventivamente a pedido del fiscal imputados por robo agravado y encubrimiento, pero son más de un centenar los que lo están.
 

En el fuero federal tramita una causa por sedición policial, que prevé penas de hasta seis años de prisión, según indicaron investigadores de la comisión de fiscales creada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
 

En Santa Fe el gobierno provincial también presentó una denuncia de sedición e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La instrucción es impulsada por Walter Rodríguez, único fiscal federal en la jurisdicción. Alberto Martínez, el titular del sindicato policial no reconocido, Apropol, está bajo la lupa en este expediente. Escuchas telefónicas ordenadas por Rodríguez darían cuenta de su planificación detrás de los levantamientos de los efectivos.
 

En Entre Ríos, el procurador general ante el Tribunal Superior de Justicia, Jorge García, lleva adelante la coordinación de la investigación y anticipó que en febrero pedirá imputar a una veintena de efectivos y a varios civiles. También pedirá la prisión preventiva para los imputados, que enfrentarán cargos por robo calificado, encubrimiento, sedición, lesiones, daños calificados, peculado de servicio y hasta privación ilegítima de la libertad.
 

En La Pampa, donde un grupo de personas vestidas de civil tomó la jefatura de Santa Rosa durante la noche del 11 de diciembre, al tiempo que se produjeron acuartelamientos en varias comisarías y fue tomado el Comando Radioeléctrico de General Pico; el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Jorge Ernesto Bonvehí, denunció a varios policías por sedición, y el 8 el fiscal pidió la indagatoria de ocho efectivos provinciales y tres ex policías, pero la situación se paralizó por una cuestión de competencia.
 

Finalmente, en Tucumán, el gobierno denunció por sedición a los policías acuartelados durante la protesta de diciembre. Al comienzo fueron detenidas 86 personas, pero solo a 17 se les dictó la prisión preventiva, entre ellas ocho efectivos de la Policía provincial.