La orden se cumplió  con el respaldo de efectivos policiales especialmente traídos desde la ciudad de Paraná. Los policías fueron citados y detenidos. Muchos de los efectivos  buscados por la Justicia aceptaron presentarse por sus propios medios en el salón de actos de la dependencia, donde se les notificaba formalmente porque motivo están siendo investigados. 

 Algunas de esas detenciones fueron concretadas en la vía pública, como el caso del Cabo Leandro Coutiño, quien fue uno de los voceros oficiales que tuvieron aquellas jornadas donde varios policías rebeldes tomaron la Jefatura Departamental de Policía. Este efectivo fue informado de su situación cuando estaba en la plaza 25 de Mayo, dialogando con las esposas y familiares de otros policías que ya estaban detenidos dentro de la Jefatura. 

La investigación abarcaría delitos tales como “sedición, peculado, privación ilegitima de la libertad, daño y hurto agravado en concurso real”, entre otros. 

Algunos de los uniformados están sindicados de haber protagonizado la toma violenta de la Jefatura Departamental de Policía, mientras que otros están acusados además de haber participado o de tener relación directa con los saqueos de algunos comercios cuando la ciudad estaba indefensa.

 

 La nómina de los primeros efectivos alcanzados por la investigación está integrada por 16 suboficiales y un oficial de apellido Zaragoza. Los policías detenidos por orden judicial, son los siguientes: Daniel Chávez,  Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, Esteban Cendra, José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Luis Alberto Gómez, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Diego Diferding. Manuel Coutiño, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez, Carlos Daniel Zaragoza.