El abogado victoriense Carlos Guillermo Reggiardo presentó el pedido de incompatibilidad de los ediles victorienses –“que responden a la diputada María Stratta”–, debido a “que recientemente han sido designados en cargos políticos en la administración publica provincial (hospital Salaberry) en flagrante contravención a la ley”, según dijo.

El pedido fue presentado por el letrado en mesa de entrada del Concejo Deliberante de Victoria al considerar el denunciante que ese ámbito legislativo municipal “debe tomar la primera intervención previo a una posible judicialización del tema de persistir los ediles en su tozuda tesitura de seguir cobrando dos sueldos”.

El abogado interpuso formal denuncia de incompatibilidad contra Edgardo Eberto Rafael García y María Angelica Vigas, electos concejales en primer término en la Boleta de la lista 2 del Frente Para la Victoria y ahora designados director y administradora respectivamente del Hospital Fermín Salaberry.

Considera Reggiardo que ambos se encuentran comprendido en la incompatibilidad de la ley 10027, articulo 72 bis (incorporado por ley 10.082 y cita: “El presidente, vicepresidente y los concejales tienen incompatibilidad para desempeñar cualquier cargo político remunerado en los Poderes Ejecutivo o Legislativo de la Nación y/o de la Provincia o en cualquier municipio, aun cuando renunciara a la percepción de una de las remuneraciones.

Quedan exceptuadas las designaciones ad honorem para objetos determinados y tiempos limitados, siempre y cuando cuente con la autorización expresa del Concejo Deliberante, se corresponda con la representación del cargo municipal para el cual fuera elegido y se respete debidamente la compatibilidad horaria entre ambos cargos”.

Es por lo antes citado, que el abogado victoriense considera que “no es compatible la responsabilidad y la dedicación full time que requiere un hospital de la complejidad del Salaberry”.

“La situación –denuncia– es de suma irregularidad ya que la ley dice que quienes estén comprendidos en este tipo de situaciones cesan ipso facto en la función, y esto puede traer consecuencias civiles y penales para los ediles y el municipio que sancionara ordenanzas nulas de nulidad absoluta tal cual reza la ley en el articulo 73”.

“Finalmente instamos a que la diputada Stratta, a que haga entender de la gravedad de la situación a sus elegidos y la gravedad del caso al incumplir la ley que ella misma sancionó, poniendo al Concejo Deliberante de Victoria en una situación irregular, ya que García acumula más de cuatro cargos de empleos provinciales y María Vivas es designada sin concurso en un cargo político de administradora del Hospital que nada tiene que ver con su escalafón en el Fermín Salaberry”, finalizó el abogado Carlos Guillermo Reggiardo.