LA (AFIP) desbarató una asociación ilícita de abogados y contadores que fraguó certificados de retención y evadió Ganancias e IVA por más de 160 millones de pesos.

Los allanamientos fueron dispuestos en el marco de la causa caratulada “Marizza Miguel Ángel, Izaguirre Ibáñez Roberto, Morelli Salvador, De Araquistain Sergio, Montagnese sobre infracción a la Ley 24.769”. Roberto Izaguirre Ibáñez es hijo de la jefa del área jurídica de la AFIP Paraná.

El trámite se lleva adelante en el Juzgado Federal de Paraná “por simulación dolosa de pagos”.

Los domicilios allanados pertenecen a contadores y abogados que habrían ofrecido certificados mellizos de retención a distintas empresas que eran utilizados para cancelación de obligaciones fiscales.

Estos mismos profesionales integraban una cooperativa de transporte de mercadería cuyas oficinas funcionaban en el “Paseo de las Luces”, de Paraná, lugar que también fue allanado.

Los primeros resultados de los allanamientos indican que sólo en esa firma se podrían haber evadido 160 millones de pesos.

Los datos relevados por la AFIP harían presumir la existencia de una organización delictiva dedicada a la creación de una ingeniería financiera para beneficiar a la cooperativa, la que se habría extendido a otros contribuyentes para facilitar la evasión de impuestos, lo que daría lugar a la comisión del delito de “asociación ilícita fiscal”.

Además habrían detectado relaciones laborales encubiertas en forma de asociados que alcanzan a montos millonarios en evasión previsional.

La operatoria se desactivó a raíz de una investigación de la AFIP y luego de allanar seis domicilios de Entre Ríos y Buenos Aires, donde se secuestraron mails y documentación que describen en forma detallada los servicios ofrecidos, los honorarios cobrados e información de los clientes que adquirieron este "producto".

La semana pasada

El viernes pasado, se pudo registrar un importante movimiento de agentes de la AFIP y Prefectura en el edificio central de la agencia de Avenida Ramírez desde donde se trasladaron hasta un edificio de calle Nogoyá al 700, pero en la oportunidad, ante la reserva de las investigaciones, no se emitió información al respecto.

La investigación sigue. El delito de asociación ilícita fiscal comprende una escala penal de 3 años y 6 meses a 10 años de prisión efectiva.