Las mujeres fueron requisadas, al igual que el automóvil, y detenidas en la Jefatura Departamental, a pesar de que el procedimiento resultó negativo, es decir, no se hallaron drogas entre sus pertenencias ni en el vehículo; solo les secuestraron 2.300 pesos, según consta en el acta policial.

Al día siguiente, una de las mujeres se presentó en los tribunales y denunció que los policías se extralimitaron en las atribuciones que les permite el Código Procesal Penal de la Nación de requisar a personas y el interior de vehículos sin orden judicial cuando existan circunstancias previas que razonable y objetivamente lo justifiquen. En este caso, dicen, no había tales razones y ni siquiera les explicitaron a las ocupantes del vehículo los motivos del procedimiento y detención.

Tras recibir la denuncia, el fiscal Benítez dispuso el allanamiento de la Jefatura Departamental y el secuestro de las actas del procedimiento, donde constan los detalles del operativo y los datos de quiénes fueron los policías que intervinieron; también se incautaron los libros de guardia con los registros del movimiento de policías y vehículos y las filmaciones de las cámaras de seguridad de la sede policial.

Luego de recibir la denuncia y disponer el allanamiento en la Jefatura Departamental, el fiscal Benítez se declaró incompetente para seguir interviniendo en la causa por dos motivos: por un lado, los policías invocaron un artículo del Código Procesal Penal de la Nación; y, por el otro, porque podría haberse instruido una causa ante la Justicia Federal de Concepción del Uruguay por infracción a la ley de drogas y, eventualmente, debería acumularse la denuncia de las mujeres a ese expediente. “No tiene sentido que el juez federal continúe tramitando la causa sin conocer que se está cuestionando el procedimiento”, explicó el fiscal. En ese sentido, aclaró que “la Policía tiene facultades para un procedimiento sin orden judicial, pero el tema es extralimitarse al punto de rayar con un posible incumplimiento en los deberes de funcionario público”.

La resolución de la competencia quedó en manos de la jueza de Garantía y Transición María Evangelina Bruzzo.