En la tarde de este martes se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, a la que el diputado Marcelo Monfort (Cambiemos) fue convocado en virtud de un proyecto de su autoría con el fin de incorporar modificaciones a la Ley de Fueros Nº 25.320.

La comisión, que es presidida por Pablo Tonelli, definió postergar el debate hasta la semana próxima.

El tema cobró relevancia el año anterior, cuando el exministro de Planificación Federal de la Nación, ahora Diputado nacional, Julio De Vido, impidió un operativo de la Justicia que intentaba allanar su domicilio en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito. De Vido se amparó en sus fueros parlamentarios.

Finalmente, por votación en la Cámara de Diputados se aprobó el allanamiento, pero habían pasado meses desde que se había suspendido el operativo, facilitándole tiempo y condiciones para que pueda eliminar cualquier prueba que sirviera para la investigación.

“El caso De Vido fue un escándalo y dejó a la vista las falencias en la legislación que terminan siendo un atajo para quienes deben someterse a la Justicia”, indicó el legislador. “Todos debemos ser iguales ante la Justicia. El objetivo de la ‘inmunidad parlamentaria’ establecida en la Constitución Nacional es evitar que los legisladores sean blanco de persecuciones políticas producto de sus opiniones o posturas críticas, pero de ninguna manera los fueros pueden ser un escudo de impunidad en los que quienes ejercen esta función se amparen ante la comisión de un delito”, manifestó el Diputado.

“Naturalmente, quienes se siguen oponiendo a su tratamiento son los que siguen protegiendo a aquellos que fueron funcionarios hasta diciembre de 2015 y hoy acumulan causas en la Justicia por distintos delitos”, sentenció.

El proyecto de ley presentado por Monfort a fines de 2016, que será incluido en el tratamiento que comenzará la semana próxima, prevé modificaciones a la Ley de Fueros para que en caso que la Justicia lo disponga en el marco de una causa, un legislador pueda ser allanado sin requerir el permiso de la Cámara de Diputados.

Al mismo tiempo introduce modificaciones en el reglamento para solicitar el desafuero de un legislador, limitando la posibilidad de que se den maniobras corporativas que impidan el avance de la Justicia, se indicó en un comunicado enviado a esta Agencia.

“Esto es parte del cambio que iniciamos. Era inimaginable hasta hace un año que el Congreso avance en tratar proyectos en este sentido, sabiendo la cantidad de causas que recaen sobre quienes eran funcionarios, algunos de los cuales hoy son legisladores. Hoy hay un gobierno que va en el sentido contrario y busca avanzar en herramientas que garanticen la transparencia en el ejercicio de la función pública y la condena a la corrupción”, finalizó.