El juez federal Claudio Bonadio procesó al ex ministro de Planificación Julio De Vido en la causa por falta de controles e irregularidades en la entrega de subsidios al gasoil a empresas de colectivos, según un fallo firmado este lunes que dispuso, además, un embargo de 1.000 millones de pesos contra el ex funcionario y actual diputado nacional. El procesamiento se suma al pedido de desafuero y posterior detención que pidió la semana pasada el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa que investiga irregularidades en las obras de la mina Río Turbio. El magistrado también procesó a los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.
De Vido fue indagado hace dos semanas por Bonadio en esa causa, acusado de haber incurrido en irregularidades en el pago de subsidios al gasoil para los colectivos urbanos, así como en la falta de control de dichos fondos.

La semana pasada, el juez ordenó la indagatoria de 251 empresarios del transporte automotor -la mayoría, dueños de empresas de colectivos- acusados de formar parte de una maniobra dirigida por el diputado para desviar subsidios al transporte. 

Bonadio investiga los subsidios a los colectivos que repartió la Secretaría de Transporte durante los gobiernos kirchneristas. El objetivo del subsidio era colaborar con los costos de combustible, entre 2005 y 2012, a cambio de que no subieran el precio de las tarifas.

Bonadio y De Vido tienen varios antecedentes. El ex ministro fue beneficiado con dos sobreseimientos en la causa por sobreprecios en las obras de la mina Río Turbio. También tuvo a cargo el caso Once, en el que primero no lo incluyó en la investigación y después, a pedido de la Cámara Federal, lo investigó, lo procesó y le dictó la inhibición de bienes.

En esta nueva causa, los subsidios al transporte se ponían en marcha con una mera declaración jurada completada por las empresas, que contaban cuántos kilómetros recorría cada colectivo y el número de pasajeros. Transporte tenía que controlar la veracidad de los datos. Pero los investigadores detectaron supuestos fraudes en las declaraciones juradas por unos 200 millones de pesos.

Un informe de la Auditoría General de la Nación determinó que los subsidios a los colectivos ascendieron durante el kirchnerismo un 4.500 por ciento. En el 82 por ciento de los casos recorrían menos kilómetros que lo declarado, pero recibían del Estado combustible subsidiado por el total.