Si el preacuerdo al que arribaron los gobernadores con Mauricio Macri se cumple, uno de los cambios será la desaparición de los privilegios a partir de los cuales grupos variopintos de empleados, sobre todo públicos, eludían el pago del Impuesto a las Ganancias. Así, se busca dar por tierra con resoluciones administrativas con las que, por ejemplo, la Corte Suprema de la Nación y los Tribunales Superiores de las provincias concedieron a sus empleados un privilegio del que no goza el resto de los ciudadanos, violando cualquier principio de igualdad ante la ley. Otros que se verán afectados serán empleados públicos como los de la provincia de La Pampa. Este año, el gobernador Carlos Verna ordenó lisa y llanamente que la administración dejara de contemplar Ganancias en la liquidación de los sueldos.El texto del borrador que se distribuyó para que sobre él trabajen los equipos provinciales propone:

"Derogar inmediatamente toda disposición (cualquiera sea su rango normativo) mediante la que se establezca –directa o indirectamente– la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del Impuesto a las Ganancias, del importe percibido por los contribuyentes comprendidos en los incisos a, b y c del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en concepto de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada".

Y agrega: "Derogar inmediatamente toda disposición por la que se caracterice como gastos de movilidad, viáticos u otras compensaciones análogas ítems abonados a los empleados públicos provinciales o municipales que no se correspondan con la definición de esos conceptos que surge de la normativa laboral nacional y de la Ley del Impuesto a las Ganancias".

Son textos a medida para dar por tierra con resoluciones administrativas con las que, por ejemplo, la Corte Suprema de la Nación y los Tribunales Superiores de las provincias (incluido el de Córdoba) concedieron a sus empleados un privilegio del que no goza el resto de los ciudadanos, violando cualquier principio de igualdad ante la ley, publicó La Voz del Interior.

Las excusas han sido de lo más variadas. Por ejemplo, que si uno es empleado del Poder Judicial no puede ejercer como abogado, lo cual es una mera condición obvia del empleo.

Los magistrados mantendrán el privilegio antirrepublicano de no pagar Ganancias gracias a un fallo que hizo una falaz interpretación de una antigua cláusula constitucional.

Empleados públicos

Otros que se verán afectados serán empleados públicos como los de la provincia de La Pampa. Este año, el gobernador Carlos Verna ordenó lisa y llanamente que la administración dejara de contemplar Ganancias en la liquidación de los sueldos.

No sólo se tomó atribuciones legislativas que no le corresponden (como hicieron los poderes judiciales de todo el país) sino que además no respetó el nivel del Estado: una provincia legisló sobre un asunto nacional.

Lo curioso es que estos privilegios fueron autootorgados por sectores públicos que, de por sí, se cobran sus ingresos en firma directa gracias al presupuesto público financiado con impuestos que paga todo el mundo menos ellos.

Entre los grupos beneficiarios también hay empleados de algunos bancos estatales y no está claro si siguen beneficiándose los pilotos de Aerolíneas Argentinas, que cobraban parte de sus salarios a través de un presunto fondo de capacitación.