IAPV.

Unos 18.000 adjudicatarios de casas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) que deben cuotas por un total de 130 millones de pesos serán intimados para que regularicen su situación mediante un plan de refinanciación.
Así se definió ayer en un encuentro del que participaron el titular del organismo, Oscar Marelli, y otras autoridades. La meta del gobierno es recuperar la sustentabilidad del sistema, que es solidario, y generar fondos para construir más viviendas.
“Aunque el valor de las cuotas oscila entre los 40 y los 350 pesos, hay adjudicatarios que directamente no las abonan o lo hacen en forma esporádica”, indicó Marelli luego de la reunión, en la que también se informó que, una vez agotadas las instancias administrativas, intervendrá la Fiscalía de Estado para el recupero de los fondos.
“Quienes quieran pagar sus deudas, pueden acercarse en forma voluntaria a la sede del IAPV a refinanciar su deuda. Se contemplarán situaciones especiales”, acotó Marelli, al tiempo que informó que las deudas oscilan entre una o dos cuotas y montos cercanos a los 80.000 pesos.
“Tenemos que elevar nuestro nivel de cobranza para poder volcar ese dinero a mejoramientos habitacionales y a construcción de nuevas viviendas. Vamos a agotar todas las instancias administrativas previas para el cobro de las cuotas y no se cumple entonces sí se girará a Fiscalía de Estado para que se ocupe de esa acreencia”, reiteró Marelli.
A los empleados públicos que resultaron adjudicatarios de viviendas desde 2007 se les descuenta la cuota por recibo de sueldo. “Esta acción ha tenido un impacto importante en la recaudación”, dijo Marelli. También indicó que el organismo está firmando convenios con los municipios para los descuentos por recibo de sueldo a los empleados municipales en la misma condición.


130
millones de pesos a valores históricos -monto que alcanzaría para construir más de 1.000 viviendas- es lo que deben 18.000 adjudicatarios, de un total de 24.000. Hay actualmente en obra 3.000 viviendas en la provincia.




Plazos y planes

El gerente comercial del IAPV, Julián Bursaco, precisó que, realizada la liquidación, se intima al moroso a que concurra a la sede del organismo o a alguna de las regionales, en un plazo de 10 días de recibida la intimación, a pagar el total de la deuda o a acogerse a un convenio de refinanciación. Si no hay respuesta, se pasarán los expedientes a Fiscalía de Estado para poner en marcha el procedimiento judicial que permita cobrar lo adeudado.
A los morosos, informó Bursaco, se les ofrecerán “planes de pago flexibles, con cuotas accesibles”, puesto que se apunta a que regularicen su situación. Para acceder al convenio de refinanciación el adjudicatario deberá presentar el recibo de sueldo o constancia de ingresos y realizar una entrega mínima del valor de la deuda.
En caso de no adherir a ningún convenio de refinanciación o cancelación total de la deuda en mora, el expediente será girado a Fiscalía de Estado a fin de promover acciones judiciales destinadas al cobro de la deuda. El procedimiento a emplear será un procedimiento de cobro abreviado