GUALEGUAYCHU.

Sorpresivamente, Juan Marcelo Schiaffino pidió declarar este martes en los tribunales de Gualeguaychú y admitió que mató a la joven Jessica Ocampo. La mujer, de 23 años, fue hallada muerta el martes de la semana pasada luego de haber sido autorizada a visitar a su pareja en la Unidad Penal Nº 2 de esa ciudad. La autopsia dio que su deceso fue producto de la tremenda golpiza.
El juez de Garantías, Arturo Exequiel Dumón, dictó la prisión preventiva de Schiaffino por el hecho, si bien el imputado está detenido desde hace años por otro hecho.
El fiscal Lisandro Beherán dijo que Schiaffino “declaró y reconoció su responsabilidad en el hecho de homicidio investigado”. De cualquier modo, Beherán evitó más detalles para respetar los tiempos de la investigación en marcha.
Este lunes, Beherán había viajado hasta la Unidad Penal Nº 8 de Federal, donde había sido trasladado Schiaffino, pero el imputado se había negado a declarar.
Sin embargo, llegó trasladado a Gualeguaychú anteayer y pidió declarar ante el mismo fiscal. Allí reconoció la autoría del hecho en una audiencia que se inició alrededor de las dos de la tarde.
El estado actual de la causa tiene en su haber testimonial por parte de los funcionarios penitenciarios que, sorpresivamente, se encontraron con el cadáver de la novia un tiempo considerable después.

La familia. El recluso cumplía en la cárcel de Gualeguaychú una condena a 13 años de prisión por promoción a la prostitución y privación ilegítima de la libertad de una adolescente de 15 años.
La pena le había sido impuesta en 2004 por la Cámara del Crimen de Gualeguay, que lo responsabilizó por haber liderado una banda familiar dedicada a lo que hoy está tipificado como trata de personas con fines de explotación sexual. Se lo culpó de haber secuestrado, torturado y prostituido a la chica.
Su madre, María Elena Capurro, y sus tres hermanos –María Yolanda, Jesús y Sergio Schiaffino– habían sido sentenciados como partícipes secundarios del delito de promoción de la prostitución. Recibieron una pena de tres años de prisión condicional y la obligación de realizar tareas comunitarias.