Se trata de Jesús Churruarín (alias Napo), de 27 años, que desde el momento del hecho y tras los allanamientos realizados en la zona de los barrios 25 de Mayo y San Cayetano se encontraba prófugo de la Justicia. A todo esto, en audiencia pública realizada en horas de la mañana de ayer se dio lugar al pedido de la Fiscalía y se dictó la prisión preventiva para Luis Ferrari, de 37 años, y Jonathan Churruarín, de 21, acusados de ser coautores del suceso.
La víctima fue Mario Alberto Rodríguez, alias Quicola, de 42 años, quien fue baleado alrededor de las 8.30 del primer día del año, quedando tendido en inmediaciones de 13 del Oeste y 12 del Norte Bis, a la altura de la cancha del Club Almagro, barrio 25 de Mayo.
Al parecer todo se originó por una disputa de larga data, que tuvo su punto más álgido cuando Rodríguez se enfrentó a otras personas, que según testigos serían los que actualmente están detenidos, recibiendo un disparo de un arma calibre 22 en el rostro, cuyo proyectil le afectó la carótida y se alojó en el estómago de la víctima, que falleció en el hospital Urquiza.
Tras lo sucedido, la Policía realizó diligencias y por disposición del fiscal Fernando Martínez Uncal y con la autorización del juez de Garantías se realizaron diferentes allanamientos y detenciones, quedando prófugo el presunto criminal.
Audiencia
Representados por el doctor Félix Pérez, Luis Ferrari y Jonathan Churruarín –ambos alojados en comisaría primera– fueron llevados a audiencia pública para resolver si se hacía lugar al pedido del fiscal de mantenerlos 30 días más con prisión preventiva para continuar con la investigación del caso y otras testimoniales, evitando de esta manera el entorpecimiento u obstaculización del trabajo judicial, así como posibles aprietes o amenazas a testigos. Se solicitó además la autorización para peritar varios celulares secuestrados, de modo de establecer comunicaciones o mensajes entre ellos.
Un arma
Por su parte, la defensa cuestionó el planteo del representante del Ministerio Fiscal, señalando que la acción era desmedida, ya que consideraba que se podía plantear la posibilidad de la libertad de sus clientes bajo una caución real o fianza, acorde a la situación actual de Ferrari y Churruarín, ya que el primero es padre de familia de cinco hijos y todos ellos dependen de su trabajo, en tanto que el segundo es changarín y resultaría prácticamente imposible hacer efectivo el pago, si este era desmedido, lo que los condenaría a permanecer encerrados.
Pérez dijo que no había riesgos de que se entorpeciera la investigación, pero además resaltó que a la víctima, en el momento de ser revisada en el hospital, se le encontró un arma calibre 32 en su poder, por lo que consideraba que sus defendidos pudieron obrar en defensa propia o en su defecto haber incurrido en el exceso de la legítima defensa.
Tras un receso de media hora, el juez de Garantías Mariano Martínez dio a conocer el fallo, haciendo lugar al pedido del fiscal y aplicando la prisión preventiva por 30 días, programando una nueva audiencia para el 2 de febrero a las 8, donde se volverá a contemplar la situación y marcha de la causa. Con la entrega voluntaria del principal sospechoso, seguramente podrían surgir novedades en el caso y se espera que el defensor apele la medida, teniendo tres días de plazo.
