Con esta decisión legislativa impulsada por el Gobierno de Daniel Scioli, la provincia de Buenos Aires cumplirá con la manda constitucional de 1994 que establecía la creación de la Policía Judicial, que a instancias del kirchnerismo se le cambió la denominación para evitar cualquier asimilación con la fuerza de seguridad.
El nuevo Cuerpo de Investigadores Judiciales, dependiente de la Procuración General de la Suprema Corte, tendrá competencia en delitos complejos, homicidios e ilícitos cometidos por funcionarios, aunque a medida que se avance en su implementación se irá ampliando a otras figuras