Antes de ser confirmado en la causa por el presunto lavado de dinero contra Lázaro Baéz, el juez a cargo del juzgado federal Nº 7 Sebastián Casanello solicitó a la fiscalía Nº 9 que subroga Ramiro González por la licencia de Guillermo Marijuán que defina si existen elementos necesarios para abrir la investigación.
Este miércoles la Cámara Federal que preside Martín Irurzun ratificó a Casanello y unificó la pesquisa del fuero federal, que contiene al menos cuatro denuncias, tras la difusión de la cámara oculta a Leonardo Fariña. Los diputados Elisa Carrió y Manuel Garrido y los abogados Alejandro Kalbermatten y Ricardo Monner Sans se presentaron como denunciantes por separado, pero los cuatro coinciden en sospechar que Báez cometió maniobras de blanqueo de capitales ilegales.
Por ese motivo, se "acumularon" las presentaciones en la de Carrió, la primera, que tiene el número de expediente 3.017/2013 caratulado "Lázaro Báez y otros s/encubrimiento (art.277) y asociación ilícita". Esto no significa que el magistrado no pueda investigar otros delitos más allá de los denunciados por la diputada de la Coalición Cívica.
Fuentes judiciales revelaron a Ámbito Finaciero que antes de saber si continuaría al frente de la investigación, Casanello exigió a la Cámara Federal que defina quién quedaría a cargo a la vez que giró el expediente a la fiscalía de González para que se expida sobre si hubo o no comisión de delito. Para abrir una instrucción federal es necesario que el fiscal confirme la sospecha de los denunciantes.
"El expediente está en esta Fiscalía", dijeron escuetos a este medio los empleados de Marijuán, que hasta que vuelva de vacaciones reportarán a González. En este momento, esos funcionarios analizan los fundamentos de las cuatro denuncias y analizan la validez de la cámara oculta.
Para demostrar celeridad a 72 horas de la difusión del informe periodístico, Casanello también envió una nota a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), recientemente creada por la procuradora Alejandra Gils Carbó y a cargo de Carlos Gonella. Al igual a que la Fiscalía Nº 9, en el escrito a la Procelac se solicita intervención.
Se espera en ámbitos judiciales que una vez abierta la etapa de instrucción, Casanello podría ordenar de inmediato allanamientos a empresas y viviendas de los involucrados, el secuestro de los registros originales y completos de las cámaras ocultas a Canal 13 y algunas testimoniales o indagatorias. Además, pediría exhorto al exterior para verificar si existen cuantas bancarias a nombre de los sospechados.
Por otro carril, en la Procelac circula la quinta denuncia que fue presentada por otros diputados de la oposición como Federico Pinedo y Patricia Bullrich. En ese escrito, reclamaron el congelamiento de los bienes de Lázaro Báez.
