El ministro de Planificación, Julio De Vido, echó al funcionario sospechado por la Justicia por contrataciones irregulares en Tecnópolis. Se trata del entrerriano Ariel Santamaría, oriundo de Rosario del Tala, asesor del secretario de Obras Públicas José López, quien, como privado, habría recibido fondos públicos para organizar stands en la feria de ciencia y tecnología del Gobierno.
El desplazamiento del funcionario ocurre luego de una investigación de LA NACION, que señaló que la mujer de Santamaría, Claudia Risolía, autorizó un presupuesto de $13 millones para montar los stands en Tecnópolis, y que, luego, se embolsó parte de ese dinero con su empresa de eventos, Multideas SRL.
Según confirmaron fuentes oficiales del ministerio, López, mano derecha de De Vido, le pidió la renuncia a Santamaría "para deslindar responsabilidades". "Se abrió un sumario interno y no está más en el cargo", afirmaron desde Planificación.
En paralelo, la Justicia investiga a la pareja de ex funcionarios por las maniobras sospechadas. El juez federal Ariel Lijo busca determinar si incurrieron en el posible delito de "fraude en perjuicio de la administración pública".
LA MANIOBRA SOSPECHADA
Multideas SRL (una empresa manejada por Santamaría, su mujer y su primo) se encargó de la organización de los stands de Vivienda de Tecnópolis en las ediciones 2011 y 2012.
Risolía, la pareja del funcionario desplazado, fue directora de ceremonial de la subsecretaria de Vivienda y gerenta de la empresa de eventos. Santamaría, además, mencionó a Multideas SRL como parte de su actividad privada en su última declaración jurada.
En 2011, la mujer firmó como representante del ministerio de Planificación una convenio que dio origen a la contratación de su propia empresa, con un presupuesto de más de $13 millones.
La maniobra incluyó la triangulación a través de un acuerdo con la Universidad de San Martín (UNSAM), que actuó como conducto del dinero: para el montaje del stand, la Subsecretaría de Vivienda le otorgó los fondos para que la casa de estudios se encargara de coordinar el pabellón en la feria.
Según el texto del convenio al que accedió LA NACION, se conformó un "comité" integrado por representantes de ambas partes. Por la UNSAM, fue designado Carlos Greco, secretario de la universidad. Por la Subsecretaría de Vivienda, firmó Claudia Risolía.
DOS AÑOS DE CONTRATOS
La organización del stand quedó en manos Multideas SRL. Así lo publicó con orgullo la firma en el "portfolio" se su página web, que fue dada de baja tras la investigación de LA NACION.
En el 2012, la pareja de funcionarios volvió a adjudicarse el trabajo. "VOLVIMOS A TECNÓPOLIS. Multideas ha encarado distintas actividades. Las más atractivas fueron los shows, ya que se buscaron propuestas que pudieran ser para todo tipo de públicos", describieron en el portal, que recientemente borraron de la red.
En diálogo con este medio, Risolía admitió su doble rol como funcionaria y empresaria, pero negó las irregularidades. "No he incurrido en ninguna falta en la firma del convenio con la UNSAM, ya que todavía no era dueña de Multideas SRL", señaló. Santamaría, en su última declaración jurada, declaró a su cónyuge como "asesora" de Multideas desde el 2009 y, a su vez, como empleada en el ministerio de Planificación. A 13 días de la autorización del presupuesto, la mujer ascendió como gerente de la sociedad.
El monto que se embolsó Multideas sigue en las sombras. LA NACION se comunicó con la firma, pero se negaron a brindar la información. Tampoco quisieron dar especificaciones desde la Universidad de San Martín, a pesar de los insistentes llamados