El inciso a del artículo 309 del Código Penal citado ayer en la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dice que será reprimido con prisión de uno a cuatro años de cárcel “el que “ realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio”.
La denuncia de la AFIP apunta a demostrar que la imprenta de origen norteamericano pidió su propia quiebra, la que obtuvo pocos días después, para valerse de esa situación y que algunos de sus accionistas negocien de determinada manera y a determinado precio, según dijeron fuentes judiciales.
La denuncia penal, que quedó a cargo del juez Daniel Rafecas detalla la composición accionaria de la firma y destaca que participan de la misma grupos inversores socios de Paul Singer, del fondo Elliott Management Corporation, el principal demandante de los juicios tramitados en Estados Unidos para el cobro de los bonistas que no entraron en los canjes de la deuda argentina.
También menciona vinculaciones de esos fondos en otras cinco firmas, entre ellas una brasileña, la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de San Pablo. Además, se sostiene que la pérdida de US$ 20 millones alegada por Donnelley no está reflejada en sus balances, por lo que se hará una presentación ante la Security Exchange Commission (SEC) estadounidense.