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28 de mayo de 2015
ACUSACION DEL FBI SOBRE LA FIFA.
SE LO ACUSA A JULIO HUMBERTO GRONDONA.

La fiscalía estadounidense, que golpeó ayer duramente a la FIFA, acusa en su informe al fallecido Julio Humberto Grondona de haber recibido en 2013 quince millones de dólares de coima, por la comercialización de las Copas América de 2015, 2016, 2019 y 2023.
El dinero fue entregado por Datisa, una firma creada para unir los intereses comerciales de las empresas Traffic, Torneos y Competencias y Full Play en 2013,-de los empresarios argentinos Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis- cuando se confirmó la celebración de la Copa América Centenario, a jugarse en Estados Unidos en 2016.
Según la Fiscalía estadounidense, “Datisa acordó pagar 100 millones de dólares en sobornos a oficiales de Conmebol y también de la FIFA, a cambio del contrato de Copa América: veinte millones por la firma del contrato y veinte millones por cada una de cuatro ediciones del torneo (2015, 2016, 2019 y 2023)”.
“Cada pago de 20 millones fue dividido en sobornos de la siguiente forma: tres millones para cada uno de los máximos dirigentes de la Conmebol: el presidente de la Confederación y los presidentes de las Federaciones de Brasil y Argentina, y 1,5 millones de dólares a cada uno de los otros siete presidentes de las federaciones de la Conmebol”.
En 2013, la Conmebol era dirigida por el uruguayo Eugenio Figueredo; mientras que la AFA estaba en manos de Grondona y la CBF era presidida por José María Marin.
Adicionalmente, hubo otros 500 mil dólares “para un undécimo funcionario de la Conmebol”, sostiene el documento, que menciona entre quienes solicitaron o recibieron sobornos a Figueredo, Rafael Esquivel (presidente de la Federación Venezolana de Fútbol) y Nicolás Leoz (ex presidente de la Conmebol), más cinco de los “cómplices” cuyos nombres no se revelan, y otros dirigentes.
EMPRESARIOS ARGENTINOS INVOLUCRADOS. El departamento de Justicia de Estados Unidos resolvió imputar a nueve directivos de la FIFA y a cinco ejecutivos de empresas privadas en un escándalo de corrupción por el pago de coimas para la compra-venta de derechos deportivos, donde se habrían pagado sobornos por 150 millones de dólares.
Entre los imputados figuran tres empresarios argentinos: Alejandro Burzaco, ejecutivo de la empresa Torneos y Competencias, y Hugo y Mariano Jinkis, ejecutivos de la empresa Full Play Group.
LOS DETENIDOS. La FIFA, máxima entidad del fútbol internacional, sufrió este miércoles el peor escándalo de su historia, cuando siete de sus más altos dirigentes fueron arrestados en Zurich acusados de fraude, chantaje y lavado de dinero por el Departamento de Justicia estadounidense, con un total de 14 imputados. Con respecto a los detenidos se trata de los directivos de FIFA Jeffrey Webb, Eduardo Li, Julio Rocha, Costas Takkas, Eugenio Figueredo, Rafael Esquivel y José María Marín.
Figueredo, de nacionalidad uruguaya, es el vicepresidente de FIFA; mientras que también fue imputado Nicolás Leoz, ex titular de la Conmebol.
El organismo estadounidense hizo público un comunicado en el que anuncia que han sido presentadas 47 acusaciones ante el tribunal de Brooklyn (Nueva York) por “organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero, entre otros”.
Según la investigación, los acusados estarían implicados en la obtención de sobornos por valor de más de 150 millones de dólares, a lo largo de 24 años por la corrupción del fútbol, por “lucrativos derechos de comercialización en los medios y mercadotecnia en los torneos internacionales”.
“Corrupción rampante, sistemática y profundamente enraizada” es la descripción de la fiscal general Loretta Lynch, quien puntualiza que “se ha extendido en las dos últimas generaciones de federativos que abusaron de sus puestos de confianza para conseguir millones de dólares en mordidas y sobornos”.
BLATTER, SIN CARGOS EN CONTRA. La Justicia estadounidense no formuló cargos contra el actual presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, quien se presenta a la reelección para un quinto mandato el próximo viernes en el Congreso de la FIFA en Zurich, contra el príncipe jordano Ali Bin Al Hussein (a quien apoyó públicamente Diego Maradona).
Sobre la votación, la FIFA aseguró que se llevará a cabo pese al escándalo y también afirmó que no peligran los países elegidos como sedes de los Mundiales de 2018 (Rusia) y 2022 (Qatar).
EL ARREPENTIDO. El estadounidense Chuck Blazer, ex secretario general de la Concacaf, fue el hombre clave, en su rol de arrepentido, que colaboró con la FBI en la investigación que desencadenó el escándalo en la FIFA. Blazer también fue integrante del comité ejecutivo de la FIFA hasta mayo de 2013, cuando fue suspendido por 90 días por recibir una coima de más de 20 millones de dólares.
A partir de esto, desde noviembre de 2014, Blazer comenzó a trabajar de forma conjunta con el FBI, grabando en secreto conversaciones con los dirigentes implicados en los casos de corrupción, según consigna el diario español El Mundo. Blazer, quien estuvo en Concacaf desde 1996 hasta 2013, también había anunciado su renuncia al cargo que tenía en FIFA en octubre de 2011 cuando denunció una supuesta compra de votos de uno de los acusados, Jack Warner, de Trinidad Tobago, y Mohamed Bin Hammam, de Qatar, en la última elección de FIFA. El otro hombre clave en la investigación del ente estadounidense es Michael García, un ex fiscal que está casado con una agente del FBI.
LOS DAMNIFICADOS. La fiscal general norteamericana señala como víctimas a multitud de competiciones y torneos de distintos países que deberían haberse beneficiado de los ingresos generados con la comercialización de los citados derechos y los aficionados en Estados Unidos y en todo el mundo.
Estados Unidos perdió la elección de la sede del Mundial 2018 con Rusia; mientras que Inglaterra pretendía organizar el Mundial 2022, aunque los directivos de la FIFA se inclinaron por Qatar. Sobre las candidaturas, Michael García, ex presidente del Comité de Ética de FIFA y casado con una agente del FBI, realizó un informe sobre cómo se eligieron a Rusia y Qatar como anfritriones del los Mundiales de 2018 y 2022, respectivamente. El documento cayó en manos del juez alemán Joachim Eckert, quien notó “infracciones concretas en casi todas las candidaturas”.



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